31.5.07

México: Informe de la OIT sobre la pobreza

INDIGNA SITUACIÓN EN EL MERCADO LABORAL, CON NIVELES EXTREMOS DE MISERIA.


En México prevalece la brecha de inequidad en las poblaciones y comunidades indígenas que exceden el ámbito laboral, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ese fenómeno se refleja en los mayores índices de pobreza que se registran en el ámbito rural, donde suelen concentrarse las comunidades indígenas y cuya incidencia fue del 61.8 por ciento en 2005 (pobreza por patrimonio), superior al 47 por ciento del promedio nacional.
El diagnóstico de ese organismo especializado de las Naciones Unidas, que promueve los derechos laborales internacionalmente reconocidos y fomenta la justicia social y los derechos humanos, apunta a centrar la atención en la persistencia de la pobreza en México.
Para Miguel del Cid, director de OIT para México y Cuba, tanto en México como en Latinoamérica “las cifras oficiales de las encuestas de empleo muestran que prevalecen desafíos en materia de trabajo decente que van mucho más allá del ámbito de la legislación laboral, pues la mayoría de la fuerza de trabajo rural no es asalariada, sino que son trabajadores por cuenta propia, gran parte de los cuales no acceden a ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas, ni a la seguridad social y a otras dimensiones del trabajo decente que postula la OIT
En ese sentido, el concepto de “trabajo decente” resume la aspiración humana en torno a su vida laboral, que implica la oportunidad de obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el trabajo y protección social para las familias, y el derecho a organizarse y participar en la toma de decisiones que afectan su vida.
Pero, para millones de habitantes de los municipios más pobres de México, la oportunidad de un trabajo decente no existe.
Los adultos, mujeres y jóvenes mayores de 14 años –edad mínima para trabajar establecida en la Ley Federal del Trabajo – según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), carecen de un trabajo que garantice su desarrollo y participación en la toma de decisiones a nivel nacional y global.
Esto ocurre a pesar del compromiso que asumió el gobierno federal en la Cumbre de Mar del Plata de Jefes de Estado de las Américas (septiembre de 2005), para “aplicar políticas activas que generen trabajo decente, para crear condiciones de empleo de calidad que doten a las políticas económicas y a la globalización de un fuerte contenido ético y humano y poniendo a la persona en el centro del trabajo, la empresa y la economía”.

Desempleo trabajo infantil
El derecho al trabajo de la población rural y urbana de México contrasta con las cifras oficiales más recientes, con un creciente desempleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo abierto incide en casi cuatro por ciento de la fuerza de trabajo (cerca de 1.8 millones de mexicanos), y afecta en mayor grado a jóvenes y mujeres.
Miguel del Cid destaca el auge del trabajo infantil, asociado de forma innata a la pobreza.
De acuerdo con estadísticas del INEGI (2003), 3.3 millones de niños y niñas menores de 14 años se ven obligados a trabajar, fenómeno que se asocia con problemas de pobreza de los hogares mexicanos, y es un problema más extendido en el área rural”.
Esto constituye de nuevo, “un desafío que va más allá del ámbito laboral, que requiere de políticas económicas y sociales para el fomento del crecimiento y empleo y para el combate de la pobreza en el largo plazo”, destaca el especialista de la OIT.
Ante el incremento de la pobreza en las zonas rurales de México y la precaria situación laboral en el campo, Miguel del Cid considera que no le correspondía hacer una calificación de ese tipo, “sin embargo, a nivel latinoamericano también existe el consenso en el sentido de que las condiciones de trabajo decente en el sector agrícola también depende de las posibilidades de desarrollo del sector”.

Desterrados y desposeídos
Un factor que contribuye a la pauperización de las comunidades rurales mexicanas es la pérdida de la tierra, según lo apreció la OIT en México en el documento "México: Desafíos y políticas de generación de empleo". Cita el estudio que “la condición de pobreza es producto no sólo del déficit en el acceso a la tierra y a los medios para producir (equipos y créditos), sino a su inserción ocupacional más precaria en ocupaciones de baja productividad e ingresos”. De acuerdo con el documento de la OIT otra forma de perpetuar la pobreza en las comunidades indígenas es la vigencia del analfabetismo y la falta de educación a niveles superiores a la primaria.
La investigación contempla que, particularmente en las áreas rurales y en los estados más rezagados económica y socialmente de la federación, “son muy bajos los niveles de educación y capacitación de la fuerza de trabajo y en los indicadores de acceso de la población a los servicios básicos de electricidad, salud y agua potable, entre otros”.
Por otra parte, la Organización Mundial del Trabajo estima que entre los problemas y desafíos del mundo del trabajo que enfrenta México, destaca el de la inversión privada.
Aprecia que México, pese a la dinámica resultante de los tratados de libre comercio con Norteamérica, “no logra alcanzar su potencial de movilización de inversiones, debido a los problemas de productividad y competitividad que afectan la economía y en general por el entorno desfavorable a la inversión, que se refleja en déficits de seguridad jurídica y ciudadana y por los problemas de transparencia”.
La OIT considera que en el país los problemas del crecimiento e inversión, reflejan una alta subutilización en el mercado de trabajo.
Esa subutilización resulta mayor al considerar la alta proporción de ocupados que trabajan una jornada insuficiente y que desean trabajar más (subempleo visible). Tal fenómeno incide sobre el 7 por ciento de la fuerza de trabajo, y de acuerdo con el INEGI, representa unos 3 millones de mexicanos”.
El informe Panorama Laboral 2006 de la OIT, señala que tanto en las zonas urbanas como rurales, la alta proporción de la fuerza de trabajo que labora en la economía informal, es otra expresión del problema.
La economía informal, o subterránes, alcanza a casi el 28 por ciento . Es decir, unos 12.5 millones de trabajadores que se caracterizan por los bajos niveles de productividad e ingresos.
Así, 54 de cada 100 miembros de la fuerza de trabajo ocupada (unos 24 millones de trabajadores) no acceden a los beneficios de la seguridad social, registrándose el mayor déficit entre trabajadores independientes y asalariados de microempresas de la economía informal y entre los trabajadores agrícolas del ámbito rural.
Además, la OIT reconoció que persisten problemas en materia de salud y seguridad en el trabajo, particularmente en actividades de riesgo como la minería, agricultura y otras actividades priorizadas por los interlocutores sociales.
El Mercado Laboral indigno fomenta la emigración hacia el Norte
El fracaso de la política económica tuvo un gran impacto en el incremento de la pobreza. El desempleo rural se agudizó en la última década, cuando más de medio millón de mexicanos de las zonas más pobres del país emigró anualmente hacia los Estados Unidos. De esta manera, estima la OIT, el problema ocupacional se expresa más allá de las fronteras de México.
La investigación anticipó que “en los próximos 10 años, América Latina recibirá unos 300 mil millones de dólares en remesas, de los que cerca de 80 por ciento se concentrarán en México, Centroamérica y el Caribe”.
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Ya en mayo de 2005, la OIT había propuesto al gobierno mexicano reencauzar el uso de esas remesas. En su estudio la OIT destacó que el importe real de remesas que transfieren los mexicanos del exterior hacia sus comunidades de origen, constituía una incógnita.
Desde hace una década, el ingreso de divisas por trabajadores inmigrantes ha aumentado y superado en 58 veces al monto por nueva inversión extranjera.
En ese sentido, la OIT recomendó al gobierno mexicano que, a pesar de que las remesas son extremadamente significativas y estratégicas para el país, se dirigen sobre todo al consumo familiar en el país. Si bien, en años recientes una parte de los recursos se han reintegrado a las comunidades de origen de los emigrantes con fines de financiamiento de vivienda o el establecimiento de negocios productivos.
La estrategia debe incorporar la sustentabilidad financiera para impulsar proyectos productivos como parte de la política de combate a la pobreza, promover el desarrollo igualitario, la protección de medio ambiente e impulsar y respaldar la formación de nuevas unidades productivas. El Ejecutivo sólo tuvo oídos sordos a las recomendaciones de la OIT para mitigar la pobreza por desempleo en México. El resultado: la miseria de millones de mexicanos.(Fuente:Artículo de Nydia Egremy en Red Voltaire)

Colombia: 3 niños indígenas muertos por la policía

SALVAJE OPERATIVO PARA DESALOJAR A MIEMBROS DE LA ETNIA EMBERÁ QUE BLOQUEABAN UNA CARRETERA.
-Las organizaciones indígenas acusan a policías y militares de tirar al río a los tres niños, que murieron ahogados.
-Hay, además, 28 desaparecidos y 13 heridos.

Las organizaciones de indígenas colombianas denunciaron que tres menores murieron y 28 aborígenes desaparecieron tras un operativo de militares y policías para levantar un bloqueo en una carretera entre los departamentos del Chocó y Risaralda, en el oeste del país.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señaló que los tres menores de 5, 8 y 9 años, de la etnia Emberá-Katío, murieron al caer en el caudaloso río San Juan, empujados por las tanquetas enviadas por el gobierno para disolver la protesta.
"Los tres niños murieron al caer al río San Juan en la estampida que se produjo cuando la policía atacó con las tanquetas", aseguró César Quiragama, presidente de la comunidad indígena Orewa.
Los indígenas bloqueaban la vía desde el 21 de mayo para exigir mayores recursos para la educación y la salud en sus comunidades.
"Cuando estábamos desayunando nos sorprendieron a punta de gas, la policía antimotines nos cogió a la fuerza, golpeándonos; hay muchos heridos y graves por los gases, y otros desaparecidos, ya que la policía a los que pudo los metió a la fuerza en buses", denunció la ONIC en un comunicado.

Esta es la versión de las comunidades indígenas
La versión de los hechos, la puclica la Organización Nacional de Indígenas de Colombia en su página weg "Después de verificar en terreno, las autoridades indígenas de OREWA, en comunicado público dan cuenta de una verdadera barbarie la respuesta del gobierno del CORAZON GRANDE PERO CON MANO DURA, por tanto “los miembros del SMAD de risaralda en nombre del alto gobierno cumplieron a como sea, como ROBOCOT las ordenes del Comandante Ospina ” Uno de los hechos aberrantes y deplorables del cumplimiento del DEBER ANTES QUE VIDA, “fue la forma como miembros del escuadrón SMAD lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños indígenas, de la comunidad de Docabu y sus cuerpos fuerón encontrados el día de hoy”.Cifra que se suma a los 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos, la detención de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria, “no contento con ello, la Policía luego de meternos a la fuerza en buses sin saber para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas pertenencias y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, quien se encuentra gravemente herido”.Todo ello ocurre, “bajo la complicidad de los gobiernos locales y departamentales, como de Pueblo Rico (Risaralda) , gobernación de Risaralda y Chocó, del Gerente Social para el Chocó y por ende del gobierno de Alvaro Uribe y del Estado Colombiano en sí, ya que están incitando a la CENSURA y AUTOCENSURA, incluso a los medios locales y regionales de comunicación, por donde no se ha dado cuenta de lo que pasa, pese a las continuas denuncias, por ello hoy están en terreno varios comunicadores de la región, a la espera que de sus centrales le den paso a sus notas y así brindarles a la opinión pública, a la comunidad internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el Chocó”, así lo manifestó el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama. Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, para evitar que se sigan cometiendo más hechos violento, ante la negativa de ceder a sus pretensiones, “decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó para la comunidad del 18, allí esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros”, manifestó César Queragama, Presidente de OREWA(Organización indígena del Chocó). Ante la brutal e irracional respuesta del gobierno, el presidente la ONIC puntualizó que “lamentamos que el gobierno en vez de responder con la palabra, con cumplimientos a acuerdos, a la razón social, responda con desinformación, y una embestida violenta, y de paso soterradamente induciendo en otras instituciones de que somos responsables de la crisis del Chocó, cuando lo que exigimos es basado en DERECHO, y la acción de hecho es una respuesta a la libre protesta ante las respuestas improductivas del gobierno”.Por ello llamamos al algo gobierno, al Estado, a las autoridades militares, a los organismos de control, a la comunidad internacionales, a los organismos de DDHH, a los medios de comunicación, a todos y todas, a voltear la mirada en uno de las regiones más golpeadas, pero sobre todo que el gobierno responda con hechos productivos, no sólo con la fuerza y con la autocensura, que le de la cara al país contando la verdad y de paso con reparación

30.5.07

Colombia: presos de las FARC rechazan indulto

LOS GUERRILLEROS NO QUIEREN SER UTILIZADOS PARA BLANQUEAR LA IMPUNIDAD DE LOS POLÍTICOS-PARAMILITARES
-El ejército intentó liberar a Ingrid Betancourt y se encontrò con el campamento vacío

Unos 90 guerrilleros de las FARC, presos en la cárcel de Palogordo del municipio de Girón, en el departamento de Santander (noreste), rechazaron la propuesta gubernamental de excarcelación.
El portavoz de los rebeldes presos, Diego Leonardo, consideró que la propuesta del presidente Uribe "pretende desviar la atención de la parapolitíca y crear un terreno propicio para la impunidad entre altos funcionarios del Estado". Y añadió que "las FARC creen que la propuesta del presidente Álvaro Uribe es cínica y distractora de la opinión pública".
La excarcelación anunciada por el Jefe de Estado colombiano incluye la liberación de políticos que actualmente están presos por vínculos con paramilitares.
En un comunicado, los rebeldes ratifican el canje humanitario como única vía para lograr la liberación de las más de 50 personas que las FARC tienen en su poder.
Los guerrilleros de las FARC, dijeron que "no se dejarán engañar" y exigieron al Gobierno que autorice el despeje de los municipios donde deberían tener lugar las negociaciones y el canje de prisioneros.
Incluso, el lunes el diario colombiano El Tiempo aseguró que la mayoría de los presos de las FARC no está de acuerdo con su excarcelación, debido a la "desconfianza" que les inspira la oferta presidencial.
Gobierno de Colombia definirá ''zona de ubicación'' para excarcelar rebeldes FARC

Pese a esta situación, el ministro colombiano de Interior y Justicia, Carlos Holguín, anunció que el Gobierno definirá la "zona de ubicación" para la anunciada excarcelación de rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), prevista para el 7 de junio próximo. Asimismo, Holguín aseguró que unos mil rebeldes presos han pedido acogerse al beneficio de excarcelación anunciado el pasado viernes por el presidente Álvaro Uribe, lo que no ha podido ser confirmado.
El titular de Interior y Justicia explicó además que todo el proceso de excarcelación que incluye, la definición de listas de elegidos entre los solicitantes, la implementación del marco legal y los traslados y localización de la ubicación, puede tardar al menos dos meses.
Aunque no suministró cifra alguna de cuántos podrán terminar en la "zona de ubicación", dijo que el número depende del análisis que hace la justicia de cada caso particular.
Uribe y las FARC, cada uno con su estrategia
Entre las "razones de Estado" que el presidente Álvaro Uribe ha citado para liberar a los guerrilleros antes del 7 de junio, está la de "demostrarle a Europa, Estados Unidos y al país" que mientras para la guerrilla el objetivo real en la búsqueda de un acuerdo humanitario es lograr un "despeje", para el Gobierno lo vital es la liberación de los secuestrados políticos en poder de esa organización. No es ajena a la voluntad de Uribe, la presión que está ejerciendo Estados Unidos, desde el Congreso a la Casa Blanca, para que aclare la situación de su política de "justicia y paz", con miles miles de paramilitares que podrán quedar libres y las millonarias posesiones de sus mandos, logradas por la extorsión y el narcoráfico, serían 'blanqueadas'. Las ayudas a Colombia están ahora paralizadas, tras el estallido del escándalo denominado de la "parapolítica", con decenas de congresistas de las filas de Uribe investigados, señalados o detenidos, por sus relaciones con los escuadrones de la muerte.
Uribe lanza ahora esta 'operación excarcelación', para salvar esas presiones y tiene prisa en hacerlo. Así, su Gobierno está trabajando en la arquitectura jurídica que permitirá materializar "su voluntad política de liberar a los guerrilleros de las Farc", sin desmilitarizar un territorio, con el fin de dejar al primer grupo guerrillero de Colombia sin argumentos para pedir zona de despeje como prerrequisito para un intercambio humanitario. El Gobierno tiene listo un borrador de decreto que ha consultado con distintas instancias del Estado, sustentado en las leyes 1106 (Ley de orden público prorrogada) y 975 (Justicia y Paz) como punto de partida. De acuerdo con esas normas, el Gobierno considera que es legal establecer una interlocución con personas privadas de la libertad que conforman un grupo ilegal, en este caso las FARC, "como paso para contribuir a la paz". Es decir, no negociar con la Dirección de las FARC sino con guerrilleros presos directamente. Y ya vemos que las FARC movilizan ya a sus presos, con la intención de impedir que Uribe se salga con la suya.

Fracasó intento de rescate militar de Ingrid Betancourt

Un intento del Ejército de liberar a Ingrid Betancourt, rehén de las Farc desde hace más de cinco años, abortó hace unas dos semanas, según la emisora francesa RTL. Después de la fuga del policía John Frank Pinchao, las fuerzas armadas quisieron aprovechar las informaciones que obtuvieron de sus declaraciones para lanzar una operación, pero cuando llegaron al campamento, estaba vacío, precisa la radio. Era un lugar cercano a la frontera brasileña, próximo a Mitú, indica. RTL señala que, opuesta a toda operación militar de rescate, la familia de la franco-colombiana Betancourt no había sido avisada, ni tampoco la embajada de Francia. Según la emisora el presidente Álvaro Uribe "aparentemente no fue informado en tiempo real".
A partir de las informaciones de Pinchao se lanzó la operación de comando, siguiendo "escrupulosamente" las indicaciones del ex-rehén. Parece ser que la noticia de la aparición de Pinchao fue mantenida en secreto durante varias horas, "el tiempo de organizar la operación de comando". El operativo se realizó de forma rápida, los comandos fueron transportados en helicópteros, pero, lógicamente, los guerrilleros, en cuanto detectaron la huída del policía-rehén, levantaron el campamento y, para cuando llegaron los comandos, allí no había ni rastro.

29.5.07

Perú: Conflictividad social y crisis política

AUMENTAN LOS CONFLICTOS Y SE DERRUMBA LA
IMAGEN PÚBLICA DE ALAN GARCÍA

-En Lima miles de comerciantes son desalojados del Mercado de Santa Anita
-Los campesinos cocaleros mantienen protestas en las zonas de cultivo
-La apliación del TLC amenaza con hundir las economías rurales



Como ya se aventuaba tras su llegada al poder, una vez han pasado los primeros meses el encantamiento ha desaparecido y el apoyo a Alan García y a su gobierno cae en picado. La población comienza a ver en este segundo mandato, las mismas tendencias autoritarias que en el primero, los primeros atisbos de la corrupción de entonces y , empeorando la réplica, un empeño insistente en poner por encima de los intereses de los peruanos los de los inversores extranjeros y, especialmente, los de Estados Unidos. Para dejarlo claro, Alan García Perez (AGP) ha viajado en los últimos cuatro meses en dos ocasiones a Washington.

Lima, ayer: Protestas violencia policial, heridos y detenidos

La Policía Nacional detuvoa 21 personasy otras 12 resultaron heridas durante el desalojo a la fuerza de más de 10.000 comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita, ubicado en un terreno de Lima de uso público del municipio. La defensora del pueblo, Beatriz Merino, presentó el informe con estos resultados y destacó que, pese a esta situación, calificó de "exitoso" el plan de desocupación de los comerciantes que en el año 2002 se instalaron en estos espacios propiedad del municipio. Los cuerpos de seguridad tomaron el recinto y procedieron a sacar "por la fuerza" a las personas que se encontraban viviendo en el lugar con toda su familia desde hace más de 25 días para evitar que las instalaciones fuesen tomadas por las autoridades del Gobierno y evitar que fuesen sacados de ahí. El operativo policial, considerado el de mayor envergadura del país, provocó un enfrentamiento entre los comerciantes y los uniformados que obligó el uso de gases lacrimógenos y el desplazamiento de tanques. En estos hechos, 12 personas resultaron lesionadas, siete civiles y cinco de ellos efectivos policiales, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos.Según informaron algunos testigos a los medios locales, eran "miles" los uniformados que se acercaron a la zona para proceder a la desocupación del terreno de más de 80 hectáreas.

Por orden de Alan García
El pasado jueves el presidente Alan García emitió un decreto en el que declaraba "estado de emergencia" en el distrito de Santa Anita, con el que suspendió por siete días "todos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personal" para poder así proceder al desalojo del lugar. El Poder Judicial ordenó el pasado mes de abril la entrega definitiva al municipio de esta gran área, que hasta hoy ocupaban más de 10.000 personas que en noviembre de 2002 crearon el Mercado Mayorista de Santa Anita.Por su parte, el ministro del Interior, Jacobo Romero, advirtió que hasta 35 años de prisión podrían recibir los dirigentes de los comerciantes que propiciaron las ocupaciones del terreno municipal y los hechos de violencia ocurridos.
El TLC, a toda costa
Alan García prometió en su campaña que respetaría el Tratado de Libre Comercio que su antecesor, Alejandro Toledo, intentó firmar con Estados Unidos, pero que lo mejoraría. Pero de la promesa a lo que está haciendo, va un trecho. García ha viajado en los últimos cuatro meses en dos ocasiones a Washington para pedirle a Bush que presione al Congreso para que se apruebe el Tratado. Los congresistas se oponen porque al establecerse algunas empresas en Perú, podrían disminuir los puestos de empleos en el Norte, y además insisten en que se les otorguen mayores beneficios a las compañías transnacionales. Las modificaciones y cambios acrecentarían las desventajas que ya implica para Perú un TLC. Entre las exigencias aparece la de ratificar sin enmiendas el capítulo 10 del Tratado que al posibilita a las empresas estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno peruano y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que promulgue leyes que atenten contra sus intereses económicos.
De esa forma y como ya se ha hecho con los TLC con Centroamérica, México, Chile y Colombia, Perú no podrá acudir a los tribunales nacionales cuando se presenten diferencias.
Así, el gobierno peruano no podría promulgar normas de protección del medio ambiente, ni contra productos nocivos que afecten a la salud de sus ciudadanos, si ello perjudica los intereses de compañías norteamericanas. El Gobierno peruano parece dispuesto a aceptar las presiones. Así, el ministro de Producción de Perú, David Lemor, declaró que “todos los convenios económicos buscan primeramente la protección de las inversiones y por tanto no cambiaremos las reglas de juego que hemos expuesto para la inversión extranjera”. Y Alan García dijo que la ratificación del tratado “definirá el futuro de América Latina, pues si (...) este modelo de democracia con inversiones y libre comercio funciona en Perú, otros países tendrán que seguirlo".
Toledo, primero, y García después, se han negado a realizar un referendo nacional para que el pueblo conozca sobre las posibles ventajas o desventajas del TLC y decida al respecto.
En cuanto se ponga en funciones el Tratado, se eliminarán los aranceles a dos tercios de las exportaciones mercantiles y agrícolas de Estados Unidos a Perú, a pesar de que Washington continuará otorgando millonarios subsidios a sus agricultoes.
Las medidas pondrán en crisis a la agricultura peruana que se dedica a monocultivos manuales, sin recursos financieros para comprar fertilizantes o implementos agrícolas que le permitan competir con los super industrializados productores estadounidenses.
En Perú, el 22 % de la población vive de la agricultura, es especial los productores de maíz, sorgo, mijo, arroz, trigo, algodón y azúcar.
Para Luis Zúñiga, presidente de la Convención del Agro son concluyentes cuando asevera que “resulta lamentable entregar el mercado peruano al norteamericano mediante el cual se condena a la quiebra segura al 97 % del sector agrario nacional".
Pese a que desde hace varios años el PIB peruano ha estado en constante crecimiento y en 2006 llegó a un 8 %, la mitad de sus 28 millones de habitantes se encuentran en la pobreza porque las riquezas del país van a parar a las arcas de las transnacionales que controlan las principales fábricas y la extracción de minerales.
Otra de las clausulas impuestas por Washington a Lima es la de proteger durante cinco años los datos de prueba de los fármacos. De esa forma, no se podrán vender en el país medicamentos genéricos, que son más baratos, medida que afecta a la mayoritaria población empobrecida.
Al remover las barreras comerciales de los servicios y proveer un marco legal seguro para los inversores, las transnacionales estadounidenses podrán controlar renglones fundamentales como la electricidad, agua, educación y otros.
Pero Alan Gracía continuará adelante. Tras su segunda visita a Washington declaró “Creo que, naturalmente, los políticos americanos valoran mucho que haya cercanía personal. Su forma de actuar exige mucha presencia y saber que hay un compromiso”. (Fuente Rebelión)
Alan García cae en picado
Una reciente encuesta de Apoyo dice que 21 por ciento de los electores no está satisfecho con la gestión de ninguna autoridad del Estado y apenas el 4 por ciento está satisfecho con sus Congresistas. En 9 meses de gestión, el gobierno de Alan García está en 38 por ciento de aprobación y 50 por ciento de desaprobación, aunque goza de una extraordinaria bonanza económica, lo avalan la mayoría de los principales medios de comunicación, y se sustenta en una alianza del APRA con el fujimorismo, la tecnocracia de Unidad Nacional y la más poderosa derecha empresarial, articulada alrededor de la minería, la banca y las AFP.
La razón del malestar está en dos asuntos. Por un lado, un crecimiento económico que no beneficia a la sociedad ni es equitativo. Unos pocos ganan muchísimo y muchos ganan poquísimo o, simplemente, la ven pasar: Más del 50 por ciento de los peruanos ganan menos de $2 dólares diarios. (Fuente Sin Permiso)

Venezuela: Muere RCTV y nace TVes

VERDADES Y MENTIRAS: EL INMENSO PODER DE LOS MEDIOS
Por Alfonso Gumucio

Una prueba más del inmenso y arbitrario poder que tienen los medios de difusión masiva en manos de los
intereses económicos y políticos de los más ricos, es la propaganda salvaje que se ha desatado no solamente en América Latina sino en el mundo entero para distorsionar la verdad en torno al cierre de la red de televisión RCTV en Venezuela, filial del Grupo iBroadcasting.
En la campaña han participado activamente los más grandes consorcios de difusión de Estados Unidos, de Europa y de nuestra región. No son empresas de “comunicación", de ninguna manera, no hay que regalarles esa hermosa palabra tan fácilmente. Son empresas de difusión, o si se quiere medios de información, aunque esta misma experiencia demuestra hasta qué punto, impunemente, pueden ser medios de desinformación. Es tan sucia la campaña, que CNN en Español mostró imágenes de la “protesta contra el cierre de RCTV”, que en realidad eran de una protesta en Cancún, México, en contra del asesinato de un periodista en esa ciudad.
La gran mentira es que hay una “dictadura” en Venezuela que está acabando con la libertad de expresión. Mucha gente, que solamente ve televisión o que lee un solo periódico, se queda con la idea de que “por órdenes de Hugo Chávez”, se ha cerrado la red de televisión de la oposición. Los artículos son tan mentirosos, que apenas mencionan el nacimiento de un canal de televisión educativa y cultural, TVes, en reemplazo del canal comercial que perdió la concesión de la licencia cuando se cumplió legalmente el plazo por el cual se le había asignado.
Según se presentan las “noticias” de los grandes medios de difusión que están coludidos con intereses de lucro y muchas veces políticos (que Ignacio Ramonet de "Le Monde Diplomatique" ha denunciado ampliamente), el cierre de RCTV constituye un “ataque a la propiedad privada”, y un intento de “estatización” de los medios de información. Decir eso, es manipular la realidad en extremo. Y quien lee y se lo cree, está mal informado o tiene mala leche.


Las frecuencias de transmisión que usan las radios y los canales de televisión, pertenecen a la nación, no pueden ser nunca privatizadas
El espectro electromagnético es un bien natural, común y público, como los bosques y los ríos. Estamos hablando de un ecosistema que es parte del patrimonio de las naciones, y que es administrado por el Estado. El Estado, que representa al pueblo, no tiene derecho de vender ese patrimonio, solamente puede autorizar su utilización como concesión, por un tiempo limitado y bajo condiciones que no afecten a la nación.
Para decirlo de manera contundente: ninguna empresa privada puede adueñarse de las frecuencias radioeléctricas, pues el Estado las concede temporalmente y con el objetivo principal de que beneficien a la colectividad, y no a un grupo empresarial en particular.
El gobierno venezolano ha actuado apegado a la ley y con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo fallo ha sido definitivo. El gobierno no ha violado la ley en ningún momento, y es por eso que no puede haber ningún proceso legal que prospere en su contra. Los millonarios dueños de RCTV pueden zapatear de rabia en Miami y hacer toda la propaganda del mundo en contra de Chávez, pero no van a encontrar ni un resquicio legal para atacarlo. Se le pueden señalar muchos errores, pero este es un acierto.
A diferencia de otros gobiernos latinoamericanos, el de Venezuela no ha secuestrado equipos, no ha apresado a nadie, solamente ha recuperado la frecuencia de transmisión que le pertenece. Ojalá otros gobiernos de América Latina procedieran con este apego a la ley en materia de telecomunicación. Lo que vemos en Brasil y Guatemala, por ejemplo, es que las radios comunitarias son atacadas por la policía, sus equipos son secuestrados y los directores de las radios apresados como si fueran delincuentes. Son acciones ilegales, pues lo único que el Estado tiene que hacer –si la ley lo dice- es recuperar las frecuencias, no apropiarse de instalaciones y equipos. Pero en esos casos, nunca leemos protestas en los grandes medios, ¿verdad? No las leemos porque sus intereses no están tocados, están favorecidos.
Paradójicamente, detrás de esas acciones de represión contra medios de comunicación comunitarios, están los intereses de los grandes consorcios privados que en muchos países dictan el tenor de las leyes que los favorecen. Un ejemplo brutal es la imposición de la Ley Televisa en México, manipulando incluso a ministros y parlamentarios. Otro, la reglamentación de subasta de frecuencias en Guatemala.
En Colombia el gobierno no cede las frecuencias a las redes de televisión, sino que les otorga bajo ciertas condiciones espacios de programación. De ese modo, no se sienten los empresarios “dueños” del espectro radioeléctrico. Ese ejemplo debería seguirse en otros países donde grandes empresas se han adueñado para siempre de las frecuencias.

Pero hay otro tema importante, y es la función social de los medios.

Es inadmisible que los medios de difusión masiva (dejemos de una buena vez de llamarlo medios “de comunicación”) renieguen de una función social. Obtienen de la sociedad el derecho de transmitir, pero no le dan nada a cambio. Bueno, le dan mucha basura y muchas mentiras, pero no aportan como pudieran en la educación, en la cultura y otros temas que son de la mayor importancia en países empobrecidos.
Por ello son necesarios medios de información de servicio público, que cubran áreas sociales en su programación, que sirvan para apoyar el desarrollo, la educación y la cultura de los pueblos. Y también son necesarias leyes que defiendan el derecho a la comunicación, y leyes, como la Ley Resorte de Venezuela, que protegen a los niños de la programación chatarra. Los mismos que ahora protestan contra el cierre de RCTV, protestaron contra la Ley RESORTE (Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión). Pero no tenían argumentos, solamente podían mentir y difamar, porque cualquiera que haya leído la Ley Resorte, sabe que no es una ley que reprima ni censure por motivos políticos.
Ciertamente, RCTV está pagando por sus acciones, pues se aprovechó de la situación de libertad de expresión en Venezuela para organizar campañas de desestabilización política, como el sabotaje a la producción petrolera. No sólo eso, sino que la red y sus ejecutivos y dueños estuvieron directamente involucrados en el golpe de Estado contra el Presidente Chávez. Y sin embargo, a pesar de haber apoyado claramente un golpe anti-constitucional, no sufrieron ninguna consecuencia, hasta ahora. Podían haber sido encarcelados por conspiración y atentado en contra de la seguridad del Estado, también con la ley en la mano, pero el gobierno se aguantó, dejó pasar el tiempo hasta que se venciera la licencia que RCTV tenía para desinformar y para desestabilizar. Fue una decisión sabia y soberana.

El panorama de los medios de información se equilibra ahora en Venezuela, pues los medios de servicio público se fortalecen con el nacimiento de TVes, Canal 2, cuya programación es informativa y formativa. Para quienes quieren consultar la programación, pueden hacerlo en: http://www.mci.gob.ve/noticias/1/14015/tves_en_la.html La oferta del nuevo canal incluye noticias, deportes, programas para niños, películas, documentales sobre ciencia y naturaleza, etc. No hay punto de comparación con la basura que ofrecía RCTV. Ahora, la televisión venezolana podrá apostar a la diversidad cultural que promueve la UNESCO para reafirmar la identidad de los pueblos.
Como dijo Earle Herrera (diputado y periodista): “El surgimiento de un canal de televisión de servicio público viene a marcar el punto de partida para la democratización del espacio radioeléctrico en nuestro país, que por más de 50 años estuvo secuestrado por grupos económicos y que a partir de hoy ese espacio radioeléctrico empieza a pasar a manos del pueblo”.
Contrariamente a lo que dice la propaganda mentirosa de los multimillonarios de RCTV y sus aliados internacionales (la SIP, Periodistas sin Fronteras), se está dando en Venezuela un proceso de democratización de los medios. ¿Por qué? Porque ahora hay nuevos medios de información que reconocen su función social en un país con necesidades de desarrollo y de cambios sociales. Antes solamente había opciones de medios privados, llevados por intereses de lucro, y en cambio ahora emergen medios comunitarios y medios públicos, con una oferta diferente. Así, el venezolano puede escoger
(Publicado en Bolpress).

28.5.07

Guatemala: masacres ante la campaña a la Presidencia

LOS ESCUADRONES ASESINAN A UN DIRIGENTE DEL PARTIDO DE RIGOBERTA MENCHÚ HORAS ANTES DE SU PROCLAMACIÓN COMO CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
.También es eliminado un miembro del partido del ex-dictador Ríos Montt.
.En un año se han producido 43 atentados contra activistas.
.Rigoberta promete expropiar las tierras ociosas
La muerte de Liberaldo Granados se sumó a la de otros dos dirigentes departamentales del partido 'Encuentro por Guatemala' que fueron acribillados desde mediados del año pasado.
Liberaldo Granados, secretario departamental y candidato a alcalde por la ciudad de Zacapa, fue asesinado por un grupo de desconocidos la noche del sábado en la puerta de su casa.Granados, de 54 años de edad, recibió varios disparos en el pecho y según fuentes del partido que postula a la dirigente indígena Rigoberta Menchú, había sido amenazado y se le exigía que renunciara a su participación en esa agrupación política.La muerte de Granados se sumó así a la de otros dos dirigentes departamentales de este partido de centro-izquierda que fueron acribillados desde mediados del año pasado.

Otro asesinato
Al día siguiente, en la tarde del domingo, un activista del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del cual es secretario general el ex dictador Efráin Ríos Montt, fue asesinado a tiros mientras realizaba actividades partidarias."Es lamentable lo que está pasando, hay una inseguridad tremenda y nos preocupa mucho, esto afecta el proceso electoral'’, dijo ayer el secretario general adjunto del partido FRG, Arístides Crespo. Un grupo de simpatizantes de la agrupación derechista hacía proselitismo cuando fueron atacados por un hombre."Es lamentable por que atemoriza a la gente y después ya no quieren participar en el proceso electoral'’, señaló Crespo.Según datos presentados por el Mirador Electoral, una institución que agrupa a varias organizaciones sociales, entre marzo de 2006 y abril de este año, 43 personas integrantes de partidos políticos fueron víctimas de violencia.
El Tribunal Supremo Electoral ha convocado a la elección de un presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso unicameral y la elección de los integrantes de 332 corporaciones municipales para el 9 de septiembre próximo, cuyos vencedores deberán tomar posesión el 14 de enero de 2008.
El crimen empaña la proclamación de Rigoberta Menchú
La secretaria general del centroizquierdista Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, dijo que "estamos empezando una carrera electoral con mucha violencia. Nuestro secretario estaba preparando el viaje de los secretarios municipales para la asamblea cuando fue ametrallado frente a su vivienda'’.Montenegro también denunció que el secretario de EG en el departamento de Alta Verapaz, Denis Maas, "es objeto de amenazas e intimidaciones" desde hace varias semanas.Granados, de 54 años de edad, había denunciado desde hace varias semanas ser objeto de amenazas de muerte por parte de desconocidos que le exigían que renunciara a su participación en esa agrupación política. .
El asesinato de Granados empañó la celebración de la asamblea general de EG realizada el domingo en la capital guatemalteca, durante la cual Rigoberta Menchú fue proclamada como candidata presidencial para las elecciones del próximo 9 de septiembre. Durante la asamblea la líder indígena anunció su intención de expropiar las tierras ociosas para repartirlas entre los campesinos pobres, en caso de ganar las elecciones. "Vamos a promover políticas de expropiación a quienes han usurpado lo que no les corresponde", precisó Menchú al explicar a sus seguidores las líneas generales de la "política agraria integral" que impulsará si llega al Gobierno.Todas las acciones de su Administración, explicó la premio Nobel de la Paz de 1992, estarán dirigidas a "construir la confianza entre los guatemaltecos para poder tener un futuro mejor". Lo primero que haría en caso que gane la presidencia, subrayó Menchú, será convocar a "un pacto por la dignidad de los pueblos" para lograr "una visión conjunta de la Guatemala que todos queremos"..
El Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales para el próximo 9 de septiembre en donde se deberá elegir a presidente y vicepresidente, diputados y alcaldes, por lo que todos los partidos se encuentran realizando actividades políticas.
Los escuadrones y las PAC, una realidad ya muy antigua en Guatemala

El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y los grupos guerrilleros unificados en la Urng (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno con la firma de los acuerdos de paz. En noviembre de ese año, el Gobierno disolvió las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil, la estrategia paramilitar usada contra la insurgencia en los últimos quince años de la guerra.

Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron creadas por el Ejército de Guatemala a finales de 1981, en el gobierno del dictador Romeo Lucas García, como parte de la política contrainsurgente.
La estrategia consistió en involucrar a las comunidades en la guerra contra los rebeldes. Si bien no hay datos oficiales, se estima que entre 1982 y 1983, el punto más cruento de la guerra, se involucraron 1 millón de campesinos, de 15 a 60 años, en su mayoría indígenas, generalmente reclutados de forma forzosa, bajo acusaciones y amenazas de muerte, que incluían a los familiares.Se constituyó un ejército de civiles que acabó con el sistema de autoridad indígena y se convirtió en una forma de control total de las comunidades mayas.


Las patrullas, responsables de una de cada cinco masacres
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cuestionan estas estructuras paramilitares, empleadas por el Estado para aplicar su política de tierra arrasada en los años 80, a través de la cual destruyeron 400 aldeas, bajo la acusación de que formaban la base social de la guerrilla, desplazaron a más de un millón de personas y fueron asesinadas y desaparecidas a 250.000 personas. “Los Acuerdos de Paz las habían explicitado como victimarios y represores, pero ahora resultaron siendo héroes de la patria. El gobierno acabó pactando con ellos una indemnización millonaria que ha causado un daño profundo a la reconciliación”, explica Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), es uno de los activistas que más ha cuestionado el pago a los paramilitares y desde la organización que dirige han interpuesto tres recursos de inconstitucionalidad para frenar la compensación económica a los PAC y los han ganado, pero reconoce, en parte, la victimización de los patrulleros.
A los campesinos los obligaron a pertenecer a las PAC. Ni un solo labriego puede decir que no fue PAC. O se metía a patrullar o tenía que justificar por qué no había patrullado, explicando exactamente dónde estaba y pagando por el día de patrulla a otro campesino. Si no había claridad lo mataban”, narra Polanco.
Varios informes, entre ellos el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), señalan a las PAC como responsables en una de cada cinco masacres; estuvieron involucradas en asesinatos, torturas, violaciones sexuales y otros tratos crueles, así como en desapariciones forzadas, detenciones irregulares y amenazas.
Pero estos delitos fueron cobijados por la Ley de Reconciliación Nacional, firmada el 27 de diciembre de 1996, que declaró “la extinción total de la responsabilidad pena¡ por los delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley”.(Fuente: Semana)

25.5.07

Paraguay: Los pobres no inscriben a sus hijos

SEISCIENTOS MIL NIÑOS NO EXISTEN PARA EL ESTADO Y SE DESENTIENDE DE ELLOS.

El 70% de la población infantil y adolescente de Paraguay no existe para las autoridades nacionales ya que sus nombres y apellidos no están registrados oficialmente y eso les quita sus derechos como ciudadanos. Estos datos, fueron proporcionados a Radio Viva de Paraguay por Gilda Mieres, coordinadora de Planes y Programas de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.
Según asegura Mieres, sin una cédula de identidad que certifique su existencia, estos 600.000 niños, niñas y adolescentes,
tienen serias limitaciones para asistir a la escuela y para ser atendidos en centros de salud.
La coordinadora de planes y programas de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, advirtió que además del desconocimiento de la gente en cuanto a la inscripción de los niños, "los padres viven lejos de los registros y entonces no pueden llegar", advirtió la entrevistada. Seguramente, añadimos, porque no tienen plata
para pagarse el transporte. ¿Y si el Estado prueba a acercarse a ellos?

En Paraguay hay niños que no van más a la escuela porque pasan hambre
Mientras el Estado paraguayo lamenta que los padres no inscriban a sus hijos, hay miles de niños en las ciudades y pueblos que se mueren de hambre. Y quienes, inscritos y todo, no van a la escuela, porque allí 'no se come'. El testimonio que sigue lo aporta una docente, Hortensia Morán, encargada del Consejo de la Infancia de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), en la entrevista que publica "Rebanadas de realidad".
"Al comienzo era docente. Pero cuando comencé a dar clase me fui dando cuenta de las enormes necesidades que tenían los niños: Además de que necesitan aprender, muchos de esos niños ni siquiera tienen suficiente para saciar su hambre. Me comprometí entonces en una lucha que procuraba mejorar no solamente las aulas de la escuela sino también colaborar con las comunidades para mejorar sus condiciones de vida. Eso me ocasionó problemas con el Ministerio de Educación, al que le parecía raro que deseara abarcar un radio más amplio del habitual ámbito escolar...... Esos niños proceden de familias muy pobres, que carecen de protección social, empleo y vivienda decente. Además de ir a la escuela, trabajan o salen a mendigar. Algunos no van más a la escuela porque ni siquiera pueden comer suficiente."

Guatemala: Rigoberta Menchú contra Ríos Montt

LA FUNDACIÓN QUE PRESIDE LA NOBEL DE LA PAZ INTENTA IMPEDIR QUE EL GENERAL GENOCIDA VUELVA A SER CANDIDATO
La Fundación Rigoberta Menchú analiza la vía legal para detener la inscripción de la candidatura a diputado del líder del Frente Republicano Guatemalteco, quien tiene una orden de captura de la Audiencia Nacional de Madrid por genocidio. Pero el general golpista Rios Montt ya ha recibido el visto bueno del Registro de Ciudadanos para participar como primer candidato en la lista de representantes nacionales en septiembre de 2007. En caso de ser Diputado, gozaría de inmunidad parlamentaria.
Ríos Montt encabezó un régimen militar, durante el cual se cometieron las peores atrocidades de la Guerra Civil de Guatemala, que acabó con un Tratado de Paz en diciembre de 1996, entre las fuerzas insurgentes y el Gobierno de Guatemala.
Eduardo de León, activista del partido de Rigoberta Menchú, dijo que Ríos Montt "es un prófugo de la justicia, que tiene como mejor refugio este país (Guatemala) al amparo de la impunidad".
El principal temor de la organización es que Ríos Montt llegue a presidente del Congreso, como ya ha declarado ser su intención.
Sin embargo, según Ángel Alfredo Figueroa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, no hay impedimento a la inscripción de personas que tengan juicios pendientes
Juicio impulsado por Menchú entra en su etapa final
Además de tratar de impedir la candidatura de Rios Montt, Ribgoberta Menchú es la promotora del primer juicio por discriminación racial de la historia de Guatemala. El porceso ha entrado ya en la fase final de presentación de pruebas. La Premio Nobel de la Paz acusa a seguidores del ex dictador de haberla agredido verbal y físicamente. Después de cinco sesiones, el proceso por discriminación racial, coacción, amenaza y desorden público puso en evidencia las agresiones verbales y físicas sufridas por la dirigente indígena Rigoberta Menchú.
Los acusados son Juan Carlos Ríos, nieto del ex dictador, la diputada del Parlamento Centroamericano por el Frente Republicano Guatemalteco Cristina López, la ex legisladora a ese ente regional Emma Samayoa, y Vilma Orellana.
"India, andate a vender tomates a La Terminal" e "india shuca" fueron las ofensivas frases que Menchú tuvo que soportar durante una audiencia realizada en la Corte de Constitucionalidad, el 9 de octubre de 2003, cuando se trató la inscripción de Juan Carlos Ríos como candidato presidencial.
Según Menchú, la ilustración de las ofensas en su contra ayudará a juristas a conformar una especie de inventario de términos que sirvan para penalizar mejor la discriminación racial.
"Más o menos ocho millones de guatemaltecos han vivido en la piel lo que estamos tratando de ponerle una sentencia ahora", enfatizó la dirigente indígena, quien confió en que este caso sirva de referente a otros similares, dentro y fuera de su país.
Para la Fundación Rigoberta Menchú "la forma en cómo desemboque este proceso será un referente importante en la lucha de los pueblos indígenas de Guatemala contra el racismo y la discriminación".Al comenzar el proceso, Rigoberta Menchú afirmó que "he prometido que si contra algo voy a luchar, es contra el racismo"..(PÚLSAR/ADITAL)

Brasil:El ejército asalta Tucuruí

LULA ORDENA A LOS SOLDADOS ACABAR CON LA PROTESTAS CAMPESINAS EN LA GRAN CENTRAL HIDROELÉCTRICA.
-“Se está reprimiendo como en tiempos de dictadura militar”,dice el líder de las movilizaciones.
Lula militarizó ayer planta hidroeléctrica tomada por campesinos. Trescientos efectivos de seguridad custodian la planta generadora Tucuruí, en el estado amazónico de Pará, tomada por campesinos que reclaman el pago de indemnizaciones a las familias desalojadas hace 23 años, para su construcción. La hidroeléctrica se mantiene funcionando pese a que los campesinos también pudieron ocupar la sala de comando.
El Movimiento de Afectados por Represas y el Movimiento de los Sin Tierra y de Vía Campesina exigen mayores inversiones del Gobierno en proyectos de salud, educación y transporte en las áreas en las que fueron reubicadas las personas que tuvieron que abandonar sus tierras por la inundación provocada para crear la represa.
Si bien el Presidente asegura que las fuerzas de seguridad son para garantizar el funcionamiento, la medida gubernamental es repudiada por los manifestantes.
Luciane Andrioli, referente del Movimiento de los Afectados por las Represas, dijo que el objetivo de la manifestación es forzar al Gobierno a negociar beneficios para más de 30 mil personas que perdieron sus viviendas por la construcción de la hidroeléctrica, en 1984.
Mientras el ejército custodia las instalaciones, los manifestantes esperan respuestas por parte de los representantes del Ministerio de Minas y Energía.(Agencia PÚLSAR).

Tucuruí, un hito en la lucha campesina
La lucha por la tierra en Brasil incluye un amplio frente de organizaciones y movimientos campesinos y populares que movilizan a miles de agricultores en los diversos estados del país. Uno de estos movimientos es el MAB -Movimiento de Afectados por Barragens (Represas en castellano), que ha venido intensificando sus protestas ante la profundización del proceso de expulsión de familias campesinas de sus tierras por la construcción de grandes represas hidroeléctricas.
Radiomundoreal entrevistó a Gilberto Cervinski, Coordinador Nacional del MAB, quien reveló que “300 mil familias ya perdieron sus tierras por la construcción de grandes represas hidroeléctricas, 70 % de las cuales no recibieron ningún tipo de indemnización ni resarcimiento”.
Tanto Brasil como Argentina viven una constante presión por la denominada “crisis energética” sobre sus ansiados y respectivos desarrollos industriales. Los principales acuerdos estratégicos que han cerrado los diplomáticos de los países de América del Sur son precisamente acuerdos de índole energética.
La sed de energía que padecen los diversos sectores industriales, es decir las oligarquías empresariales abrigadas bajo el anhelo del desarrollismo y el crecimiento que procuran los gobiernos progresistas del cono sur, se cura con la abundancia de agua de la región. Ese es el modelo, la construcción de megarepresas hidroeléctricas.
Lógicamente que estas megarepresas se construyen en grandes ríos y caudales de agua dulce, sin duda la principal fuente de riqueza que estos países detentan. La también lógica consecuencia del modelo de las represas hidroeléctricas es la destrucción de los territorios que contienen esa riqueza. En este punto se sitúa la demanda central del MAB.
Según Gilberto Cervinski, “para los próximos años del Gobierno de Lula están planificadas la construcción de otras 70 grandes represas , que se estima expulsarán otras 100 mil familias de la tierra”.
También informó que una planificación a largo plazo que se filtró desde el gobierno y cuyos datos centrales maneja el MAB, es que se proyectan construir otras 494 grandes represas antes del año 2015, que impactarían con la expulsión de aproximadamente 1 millón de personas de sus tierras.
Como se sabe, en Brasil el sector de generación de energía eléctrica está privatizado casi en su totalidad. El MAB ha denunciado que al contrario de lo que sucede con las expropiaciones de las tierras realizadas para los fines de la reforma agraria, el gobierno brasileño y el Poder Judicial son extremamente rápidos y eficientes para realizar las expropiaciones que tienen como objetivo la construcción de represas.
Las movilizaciones del MAB se fueron intensificando a partir del mes de enero de este año, con cortes de rutas nacionales y ocupaciones de predios de construcción de represas. Con motivo de celebrarse el pasado 14 de marzo un nuevo Día de Acción Internacional contra las Represas, en el marco de una semana de movilizaciones en todo Brasil, también se fue intensificando la política represiva contra integrantes y dirigentes nacionales del MAB.

Represión como en la dictadura militar
Según Cervinski, esa escalada represiva se traduce en las “prisiones políticas contra dirigentes e integrantes del movimiento, y prisiones preventivas, que no ocurrían desde hace 20 años por lo menos y que nunca había sucedido luego de culminada la dictadura militar”.
Paralelamente continúan las amenazas y la persecución de campesinos movilizados; Cervinski informó que en la actualidad existen 36 causas judiciales abiertas contra dirigentes del MAB.
El pasado 8 de marzo la Policía Militar reprimió violentamente una concentración de agricultores en el Estado de Minas Gerais, convocada para protestar contra la construcción de la represa de Jurumirim, en el municipio de Río Casca.
La protesta se realizaba mientras se realizaba una audiencia pública; la Policía dispersó a los manifestantes, dejando 35 heridos entre las que se encontraban dos mujeres embarazadas y fueron detenidos 6 dirigentes del MAB. Entre los detenidos estaba el cura Antônio Claret Fernández.
En el norteño Estado de Pará, el Ejército ocupó el pasado 11 de marzo la represa de Tucuruí –que dejó 32 mil personas sin tierras- para intimidar a la población y desactivar posibles ocupaciones e interrupciones en el suministro de energía.
La represa de Tucuruí fue construida durante la dictadura militar y hasta el momento la mayoría de las personas desplazadas no recibió indemnización alguna. La energía generada en Tucuruí es suministrada bajo subsidios a las industrias de aluminio de la región.
Por su parte las familias desplazadas que debieron instalarse en las orillas del embalse de la represa –aparte de no recibir nada- tampoco tienen servicio de energía eléctrica en sus casas.
El pasado 15 de marzo aproximadamente dos mil personas integrantes del MAB ocuparon parte de la represa y aún mantienen bajo su control parte de los locales.
Finalmente, el pasado 12 de marzo, la Policía Militar del Estado Santa Catarina inició por orden de la Jueza Adriana Lisboa, un operativo que culminó con la prisión preventiva de 6 campesinos afectados por la construcción de la represa de Campos Novos. El argumento de la Jueza para dictar las órdenes de prisión fue “la garantía del orden público”.
El Coordinador Nacional del MAB, Gilberto Cervisnki expresó a Radiomundoreal que lejos de ceder en sus demandas, la ola represiva del Gobierno de Lula no hace más que justificar la intensificación de la protesta popular.
No existen motivos para retroceder, porque nuestra lucha es justa, forma parte de la defensa del agua, de los ríos y de los derechos de las comunidades agrícolas que están siendo desplazadas de sus tierras. Más bien existe una necesidad de intensificar la lucha y la presión popular de la gente manifestando en la calle”.(Radiomundoreal)


Miles de activistas se movilizaron en la Jornada por Derecho


La Jornada de Luchas por Más Derechos reunió miles de personas en 16 estados brasileños el miércoles 23 de mayo.En Sao Paulo, cerca de 5 mil trabajadores participaron de un acto político en frente de la federación de las Industrias para protestar principalmente contra la "emenda 3", reglamento que permitirá a los patrones contratar empleados sin seguro social.
Después, los manifestantes marcharon hasta la Asamblea Legislativa para una protesta donde fueron reprimidos por la policía militar.
En Río de Janeiro, cerca de 10 mil trabajadores realizaron manifestaciones en las calles del centro de la ciudad. En el interior del estado, hubo bloqueos de carreteras y varias protestas en ciudades medias.
Asimismo, 10 mil manifestantes, en su mayoría ligados a la central sindical CUT y movimientos campesinos como MST y Contag, se reunieron en Brasilia. En Salvador, las manifestaciones fueron lideradas por la Coordinación de los Movimientos sociales.
En la capital del estado amazónico Pará, Belem, cerca de 600 personas ligadas a la Vía Campesina ocuparon la Hidroeléctrica de Tucuruí. Ellos exigieron indemnizaciones justas para las familias que fueron desplazadas de su territorio original por causa de la obra hace 23 años. (Agencia PÚLSAR)

24.5.07

EE.UU 'arrebata' parte de la Amazonia a Brasil

UN LIBRO DE TEXTO PONE EL AMAZONAS BAJO CONTROL DE LA ONU Y DE ESTADOS UNIDOS
Un libro de texto, de Geografía, muestra el mapa del Brasil amputado, sin el Amazonas y el Pantanal. El libro indica que se trata de áreas internacionales, bajo responsabilidad de la ONU y de Estados Unidos. ¿Están preparando a la opinión publica norteamericana, para apoderarse de este territorio brasileño y de los países limítrofes?

El libro en cuestión es Introducción a la Geografía", del autor David Norman, y se usa en la Junior High School (equivalente al 6° grado de la primaria). En su página 76 se señala que el control del Amazonas es necesario para salvaguardar el agua y el oxígeno del planeta. En el libro se menciona que la Amazonia está localizada en ...América del Sur, una de las regiones más pobres del mundo..., es parte de ...ocho países diferentes y extraños, irresponsables, crueles y autoritarios..., pueblos crueles, de trafico de drogas y además, son ... pueblos incultos e ignorantes..., pudiendo causar la muerte de todo el mundo dentro de pocos años... Un texto que hace recordar la creciente presencia militar norteamericana en la región amazónica, con el "Plan Colombia", las tropas norteamericanas (80 mil hombres) en Surinam-Guayana, las presiones de Washington para instalar una oficina de la CIA en la triple frontera (Foz do Iguazú), entre otras actuaciones.

Este es el texto:
... al norte de América del Sur, una extensión de tierra con más de 3.000 millas cuadradas.
3.5-5.- PRIMERA RESERVA INTERNACIONAL DE LA SELVA AMAZÓNICA
Desde mediados de los años 80, la más importante floresta del mundo pasó a ser responsabilidad de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Es llamada FIRAF (Primera Reserva Internacional de la Floresta Amazónica), y su fundación fue dado por el hecho de que la Amazonia está localizada en América del Sur, una de las regiones más pobres del mundo y cercada por países irresponsables, crueles y autoritarios. Fue parte de ocho países diferentes y extraños, los cuales son en su mayoría, reinos de la violencia, tráfico de drogas, ignorancia y de pueblos sin inteligencia y primitivos.

La creación de FIRAF fue apoyada por todas las naciones del G-23 y fue realmente una misión especial para nuestro país y un regalo para todo el mundo, visto que la posesión de estas tierras tan valiosas en manos de pueblos y países tan primitivos condenarían los pulmones del mundo con la desaparición y la total destrucción en pocos años.

Podemos considerar que este área tiene la mayor biodiversidad del planeta, con una gran cantidad de especímenes de todos los tipos de animales y vegetales. El valor de este área es incalculable, pero el planeta puede estar seguro de que los Estados Unidos no permitirán que estos países Latino Americanos exploten y destruyan esta verdadera propiedad de toda la humanidad. FIRAF es como un parque internacional, con severas reglas para la explotación.

LEYENDA BAJO EL MAPA
Podemos ver la localización de la reserva Internacional. Forma parte de 8 países de América del Sur: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Algunos de los más pobres y miserables países del mundo.


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BRASIL:

PUEBLOS INDÍGENAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN


La extinción de los pueblos indígenas en Brasil alcanza índices alarmantes. Según el Consejo Indigenista Misionero, ya desaparecieron 1.470 pueblos. El aniquilamiento empieza por problemas como la falta de asistencia y reconocimiento de las estructuras competentes, cuando entran en contacto con otra cultura.
Solamente en la región de Amazonia hay 60 pueblos viviendo totalmente aislados. Muchos de ellos corren el riesgo de extinguirse si el contacto con el resto de la sociedad se produce sin la debida protección de la ley para, entre otras cosas, la fiscalización y demarcación de las tierras.
Gran parte de las comunidades aisladas están en zonas ubicadas al norte de Mato Grosso y en el sur del Amazonas.
El Consejo Indigenista Misionero denuncia que, con el exterminio de las comunidades indígenas, los terratenientes avanzan sobre las tierras con el objetivo de explotar los recursos naturales, desarrollar la ganadería y los agronegocios. (PULSAR/RadioagenciaNP)

Latinoamérica: Informe de Amnistía Internacional

LA POBREZA ES UN MAL ENDÉMICO EN AMÉRICA LATINA
-AI califica la violencia contra la mujeres de 'fenónemo generalizado'

-Destaca la pérdida de 'credibildad' e 'influencia' de EE.UU en la región
-Expresa preocupación por los altos indices de violencia.


En su informe anual sobre 2006, presentado ayer en Londres, la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) destacó la consolidación en América Latina de los procesos democráticos en 2006, frente a "persistentes" violaciones de derechos humanos y una pobreza "generalizada".La organización humanitaria, a través de su secretaria general, Irene Khan, también señala en su informe anual que en ningún lugar del mundo como en Latinoamérica ha sido más patente la "erosión de la credibilidad y la influencia de Estados Unidos", y cita que las "críticas mutuas más intensas" han sido entre las autoridades de ese país y las de Venezuela.Una de las características que AI considera fundamentales del pasado año en la región fue el "constante fortalecimiento de los procesos democráticos”.Muchos de los nuevos gobiernos latinoamericanos fueron elegidos con programas basados en la lucha contra la pobreza, un problema que es aún "endémico" en la región, añade.Según AI, Latinoamérica "siguió siendo una de las zonas del mundo con mayores desigualdades económicas", donde la "mayoría" de las personas tienen limitado su acceso a la salud y la educación.AI advierte, por otra parte, de que los "elevados" índices de delincuencia violenta y la ausencia de seguridad pública son motivo de "honda preocupación social".También subraya las medidas represivas de las autoridades relacionadas con la "violencia desenfrenada" registrada en las prisiones de la región, masificadas y sin control.



Violencia contra las mujeres
La organización subraya también la violencia contra las mujeres como "un fenómeno generalizado" en América, y achaca a la falta de voluntad política la carencia de jueces y fiscales especializados, así como de refugios adecuados y de unidades policiales sensibilizadas con el problema.En concreto, menciona homicidios de mujeres en Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, entre otros países.AI resalta, sin embargo, que los derechos de las mujeres ocuparon un lugar destacado en los planes gubernamentales y las organizaciones sociales de algunas naciones. Los pueblos indígenas, mientras tanto, sufrieron de nuevo en 2006 violaciones de sus derechos, con una pobreza extrema y condiciones de salud deplorables, así como racismo y trato discriminatorio.Sin embargo, creció la tendencia hacia una "reafirmación de la identidad indígena", sobre todo en los países andinos, que se reflejó en el surgimiento de fuerzas políticas como en Bolivia.

La imagen de EE.UU en declive

Estados Unidos trata a todo el planeta como un enorme campo de batalla en su guerra contra el terrorismo y erosiona los derechos en el mundo entero, denuncia AI. La organización añade que el comportamiento de Estados Unidos y sus aliados sienta un precedente destructivo para otras naciones, y que varios países usaron la guerra contra el terrorismo como una excusa para violar los derechos humanos y aplastar las disensiones.El organismo detectó en el 2006 una "marcada pérdida de credibilidad e influencia" de Estados Unidos en América Latina, donde muchos países se han distanciado de sus estrategias políticas, económicas y de seguridad. Amnistía Internacional observó en el año 2006 que en América Latina las causas de las violaciones de los derechos humanos no son ya tanto ideológicas como económicas, y que son el resultado "del fracaso de los Gobiernos en abordar la desigualdad y la pobreza".En el informe presentado por la secretaria general del organismo, Irene Kahn, destaca el que sometidos a la presión de la población civil, algunos gobiernos, como los de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela o Bolivia, se han comprometido a afrontar estos problemas, lo que abre las puertas al optimismo, aunque "queda por ver cómo se traducen esas promesas", dice Amnistía.

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