EE.UU.-Latinoamérica

ARGENTINA, VENEZUELA, BOLIVIA Y MÉXICO PROTESTAN POR EL INTERVENCIONISMO DE WASHINGTON TRAS RECIENTES INFORMES DE LA CIA , EL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y EL DE DEFENSA

Varios gobiernos de América Latina lamentan lo que consideran casos claros de nuevas injerencias de Estados Unidos. Las principales críticas apuntan a la Agencia Central de inteligencia (CIA) y al informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado. El presidente venezolano, Hugo Chávez, le pidió a su par estadounidense, Barak Obama, que rectifique las acusaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos. "No hay que hacerse grandes esperanzas con este nuevo gobierno de Estados Unidos; seguirá siendo un imperio, y el imperio atropella a los pueblos", sostuvo el mandatario en una entrevista con la televisión venezolana.

También el gobierno boliviano reaccionó al informe publicado por el Departamento de Estado en Washington, que el viceministro de la Presidencia de Bolivia, Sacha Llorenti, calificó de "sesgado" y "parcializado". Días antes, el presidente Evo Morales denunció la infiltración de la CIA en la petrolera estatal boliviana YPFB.

Por su parte, el gobierno argentino mostró su malestar por un inform de la agencia de la CIA que señala Argentina como uno de los países más vulnerables ante la crisis. El canciller Jorge Taiana califica de "irresponsables" e "infundadas" esas opiniones y la presidenta Cristina Fernández, llamó al embajador estadounidense para quepedirle explicaciones.

También el presidente mexicano, Felipe Calderón, se sumó a la ola de repudio a las acusaciones de Estados Unidos que señaló a México como un país que corre peligro de transformarse en un 'estado fallido' , según la CIA, debido a la violencia del narcotráfico.

Anteriormente, el gobierno de Ecuador expulsó al diplomático norteamericano Armando Astorga, por tratar de controlar los nombramientos en la policía ecuatoriana.

"México no es un estado fallido"

El presidente de México, Felipe Calderón, rechaza la preocupación expresada por el gobierno de Estados Unidos y en una entrevista con la agencia de noticias norteamericana AP asegura que su gobierno no ha perdido el control del territorio a manos de los carteles de la droga. "Decir que México es un estado fallido es absolutamente falso". Calderón afirma también que "no he perdido ninguna parte, ni una sola parte, del territorio mexicano".

En un reciente informe del Departamento de Defensa de EE.UU. plantea un caótico escenario en México, provocado por la violencia del crimen organizado.
El capítulo del informe "Estados débiles y fallidos", se refiere específicamente a México y Pakistán, y dice que el narcotráfico y el crimen organizado podrían generar un escenario de caos en el territorio mexicano, y que el ejército de EE.UU. estaría obligado a responder por las consecuencias a su seguridad interna.

El presidente mexicano afirma que su gobierno tiene toda una estrategia para combatir al crimen organizado que ha incluido una operación para limpiar las instituciones ligadas a la seguridad. Y añade que para combatir el narcotráfico también "hace falta una buena limpieza del otro lado de la frontera".

No obstante, este mismo jueves, altos funcionarios de EE.UU. volvieron a mostrar su preocupación por la situación de orden público en México. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, dijo en una rueda de prensa en Washington junto al Secretario de Defensa, Robert Gates, que México "es ciertamente más que una preocupación para mí" y agregó que añadió que visitará la frontera entre los dos países en los próximos días.

Argentina pide explicaciones

El gobierno argentino convocó al embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, para pedirle "explicaciones" por un informe de la CIA , difundido por el jefe del organismo, León Panetta que incluyó a Argentina entre los países que afrontarán una presunta "inestabilidad" política a causa de la crisis internacional.

El canciller Jorge Taiana acusa a la CIA de "inaceptable ingerencia" en los asuntos internos del país. “Las informaciones son irresponsables e infundadas", afirma el ministro de Relaciones Exteriores argentino. "Mucho más proviniendo de una agencia (la CIA) que tiene una triste historia de interferencia en los asuntos internos de los países de la región", subrayó. Taiana dijo que esas afirmaciones "no muestran la seriedad que debe haber en la relación de ambos países", y aseguró que "esa no es la visión que existe sobre el país, según las conversaciones con el Departamento de Estado" que se han mantenido. Por lo tanto, y "por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner", el canciller anunció que citó al embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, para "pedirle las explicaciones correspondientes por las lamentables declaraciones".

Taiana asegura que si bien "la crisis es mundial, Argentina ciertamente es de los países que está mejor para enfrentar el chubasco". "La CIA no es un centro de estudios económicos, sino una agencia de inteligencia, que tiene una triste historia de injerencia", remarca.

Washington trata ahora de salir de la metedura de pata del Director de la CIA. El embajador Wayne declara que "el reportaje en la prensa fue incorrecto, el señor Panetta habló de la opinión de un extranjero que lo visitó en Washington". "Esto no fue para señalar una preocupación del gobierno de los Estados Unidos sobre los otros países". Previamente, la jefa de Prensa de la Embajada norteamericana, Mara Tekach, había declarado que lo dicho por Panetta "no tenían la intención de transmitir preocupación del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la Argentina".

Las relaciones Bolivia-EEUU vuelven a calentarse

Estados Unidos ha vuelto a tensar las relaciones con Bolivia a causa del informe sobre Derechos Humanos, del Departamento de Estado, muy crítico con el gobierno del presidente Evo Morales. La tensión vuelve, además, cuan aun es latente la crisis por las acusaciones de La Paz sobre una supuesta infiltración de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la principal empresa pública boliviana. En setiembre el presidente Morales expulsó al embajador de EEUU, Philip Golberg, acusándole de conspirar contra la democracia boliviana.

El Departamento de Estado presentó el miércoles un informe en el que destaca que "aunque el gobierno en general respetó los derechos humanos de los ciudadanos, hubo problemas en algunas áreas". Plantea supuestos "abusos por parte de fuerzas de seguridad; duras condiciones carcelarias; arrestos y detenciones arbitrarias", habla de "ataques contra el Poder Judicial; amenazas a las libertades civiles, incluyendo los derechos legales y la libertad de prensa; uso excesivo de la fuerza y otros abusos en conflictos internos; corrupción y falta de transparencia en el Gobierno".

Tras el informe el viceministro de la Presidencia de Bolivia, Sacha Llorenti, instó a Washington a mirar "la biga en el ojo propio", en alusión a las torturas en Guantánamo, el bloqueo a Cuba y las muertes de civiles en las guerras de Irakq y Afganistán. Lorrenti insistió en que Estados Unidos busca debilitar la imagen del Gobierno de Morales: "Leyendo detenidamente se puede concluir que es un informe sesgado, parcializado que simplifica la realidad nacional en un documento tendencioso y que lo que intenta es atacar y mellar la imagen del Gobierno nacional".

Llorenti recordó también que Estados Unidos protege actualmente al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, acusados por genocidio en los hechos violentos ocurridos entre septiembre y octubre de 2003 en Bolivia.

En la misma línea crítica, el portavoz boliviano Iván Canelas tachó la autoridad moral de Estados Unidos para juzgar la situación de los derechos humanos en el país andino. "Cómo podríamos darle valor a un informe de esta naturaleza, un informe parcializado que no pregunta la opinión del país al que se está refiriendo y, segundo, cómo le podemos dar valor a este informe si nosotros tenemos información pública que se generaban grandes violaciones a los derechos humano en Guantánamo", contrarrestó. Canelas esgrimió la protección que EEUU otorga al cubano Alfredo Posada Carriles, acusado de volar un avión comercial cubano con más de 100 pasajeros a bordo y que actualmente vive en libertad en Miami. El Viceministro considera que este documento forma parte de la lógica imperial de Washington. "Es una serie de datos falsos, mentiras de las que habla el informe. A nosotros nos sorprende cómo, supuestamente, se hace público este tipo de informes sin tener una base documental seria, sin trabajos detallados, sin la posibilidad de que haya un contraste de información", denunció.

El nuevo episodio se registró después que Evo Morales denunciara y presentara documentos sobre la infiltración de la CIA en la empresa estatal de petróleos bolivianos (YPFB). La Embajada de EEUU en La Paz negó la acusación y el presidente boliviano dio el nombre de un supuesto agente de la CIA de origen mexicano. "Si algún funcionario de la embajada de Estados Unidos dice que no hay ninguna infiltración, que me diga públicamente quién es Francisco Martínez, un mexicano que entra y sale de Bolivia, que me diga con quiénes se contacta".

Antes Evo Morales había señalado al ex policía boliviano Rodrigo Carrasco como el infiltrado de la agencia de inteligencia de EEUU en YPFB. "Decirle a los representante de la embajada de Estados Unidos: sabemos exactamente qué quieren". "Que alguien niegue que este ex capitán de la policía nacional no es de la CIA, que no hay infiltración de la CIA en las estructuras del Estado", insitió el gobernante que informó de que Carrasco recibió durante una década formación en inteligencia, seguridad y comunicaciones en centros estadounidenses.

"EE.UU. no tiene fuerza moral para enjuciar"

El embajador de Bolivia en Venezuela, Jorge Alvarado, aseguró en una entrevista en la cadena TeleSur que EE.UU. practica una doble moral en su informe sobre Derechos Humanos.

"Esta es una doble moral de EE.UU. (...) ¿Acaso la expulsión de sus fuentes de trabajo a millones de ciudadanos no es un atentado contra los derechos humanos?, ¿Acaso no es un atentado contra los derechos humanos construir una pared en la frontera con México, y los ciudadanos mexicanos cuando tratan de atravesar esa pared los toman presos y los tratan mal devolviéndolos a su país como delincuentes? "

Asimismo, Alvarado señaló que EE.UU. no tiene fuerza moral para establecer que en los países latinoamericanos no existe la libertad. "¿Qué moral tiene Estados Unidos de reclamar o de decir de que en nuestros países no hay libertad y se está atentando contra los derechos humanos cuando EE.UU. es el primer propiciador de la violación de los derechos humanos, inclusive en nuestros países? ". Como ejemplo de la injerencia de EE.UU. en la región para propiciar crímenes contra el derecho internacional, Alvarado recordó que la Juventud Cruceñista, un movimiento opositor de extrema derecha, del departamento Santa Cruz, al este de la geografía boliviana, y que La Paz ha relacionado con graves incidentes de violencia callejera, es financiado y entrenado por la embajada estadounidense . "Ahí está esa Juventud Cruceñista de corte netamente nazifacista que ha sido entrenada y financiada por la embajada norteamericana y esa juventud nazifacista era la que estaba atentando, ha atentado contra los derechos humanos de un pueblo humilde de los pueblos indígenas".

El embajador boliviano se confesó sorprendido por el informe sobre Bolivia, un país en el que por vez primera el Ejecutivo ha dado la orden a las fuerzas públicas de no disparar ni un sólo tiro al pueblo, cuando en gobiernos anteriores esto era un práctica muy común. "Me sorprende que el informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. tenga que opinar sobre países como Bolivia donde por primera vez en la historia un presidente da órdenes a las Fuerzas Armadas, a la Policía, que no den un solo tiro a sus compatriotas, sea cual sea la razón. Es por primera vez que vemos una decisión de esta naturaleza en la historia de Bolivia (...) Siempre habíamos estado acostumbrados a que por ejemplo el ministerio de Gobierno, era el brazo represivo de todos los gobiernos. Cuando el Ejército por órdenes del Poder Ejecutivo mataban a centenares de compatriotas".Criticó que cuando se ha detenido a personas responsables de crímenes , entonces Washington califica estas acciones como "detenciones arbitrarias".

Venezuela también rechaza el informe

El gobierno de Venezuela repudió el informe unilateral del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el respeto de los derechos humanos en el país y cuestionó la legitimidad de Washington para elaborarlo. En un comunicado, la cancillería consideró "inadmisible" ese tipo de "práctica recurrente" de la burocrática de Washington que pretende "erigirse sin mandato ni legitimidad alguna en jueces de otros Estados". Añadió además que quien elabora el informe es un Estado "con el más oscuro record de violaciones y atropellos a la dignidad humana en la historia contemporánea". "El gobierno bolivariano de Venezuela rechaza el contenido falso, malintencionado e injerencista del informe en cuestión, cuyos alegatos carecen de fundamentos", dice el texto de la cancillería venezolana.

El informe anual presentado el miércoles por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, al Congreso denuncia lo que califica de "politización del sistema judicial y el acoso oficial de la oposición política y los medios de comunicación", entre algunas presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. En el comunicado, Caracas se exige a Estados Unidos a poner fin a estas "prácticas que siguen lesionando" las relaciones entre ambos países y a mantener respeto y "no injerencia" en asuntos internos.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, 26Noticias.com, BBC-Mundo, ABI, Bolpress y TeleSur)

Guatemala:Genocidio e impunidad

DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LOS CRÍMENES, PERPETRADOS MAYORITARIAMENTE POR LAS FUERZAS ARMADAS, LOS HECHOS SIGUEN IMPUNES Y LOS AUTORES SIN RESPONDER ANTE LA JUSTICIA

El académico alemán Christian Tomuschat, aseguraba el martes que “falta voluntad política” para juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna. El jurista dirigió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU, que recogió datos sobre las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en Guatemala, en su mayoría, un 93%, atribuidas a las fuerzas armadas.
"La Fiscalía no ha tomado nota de la información dada en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Siento que no hay voluntad política para procesar a los responsables”, indicó Tomuschat.

El jurista recordó que el informe señaló casos de genocidio y aportó valiosos datos sobre los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala entre 1960 y 1996.
Tomuschat lamentó la falta de voluntad política de la Fiscalía de Guatemala para avanzar con el procesamiento de los atropellos cometidos.

"Nosotros en el informe señalamos que en ciertos sitios fueron cometidos genocidios, por lo tanto es un deber de las autoridades de Guatemala perseguir a las presuntas personas culpables", afirmó Toumoschat quien subrayó el hecho de que hasta el momento ningún alto funcionario ha sido sentado en el banquillo de acusados, pese a que el documento proporcionó fechas y nombres de los autores del genocidio.
"Parece que actualmente hay progresos y nuevamente toca a la justicia del país afectado tomar las medidas y la justicia universal es una medida subsidiaria, que solamente entra en juego si en el país mismo no se toman las medidas que se impongan", agregó. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la guerra que padeció Guatemala dejó un saldo de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 50.000 viudas, más 150.000 refugiados y un millón de desplazados. El 93 por ciento de las masacres fueron perpetradas por el Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado.

Nadie ha sido condenado aun

Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Congreso de Guatemala que apruebe la ley para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente.

Con dicha legislación se busca llevar ante la justicia a los responsables por decenas de miles de casos de homicidio y tortura perpetrados durante la guerra civil.

La organización de derechos humanos considera que la creación de la comisión es fundamental para poner en marcha las recomendaciones formuladas -hace exactamente diez años- por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca, creada por las Naciones Unidas.

"Creemos que este décimo aniversario es una excelente oportunidad para que el gobierno de Guatemala renueve su compromiso con los derechos humanos y creemos también que la sociedad civil guatemalteca está pronunciándose muy enérgicamente para que haga lo mismo", dice Sebastián Elgueta, investigador para Guatemala de AI.

Según la ONG, la comisión había concluido que el ejército y sus aliados fueron responsables de la inmensa mayoría de los abusos y que algunos de esos casos eran considerados genocidio.
Sin embargo hasta el momento nadie ha sido procesado por los crímenes.

"Eso ha creado un efecto de un estado de impunidad donde la norma es que los crímenes no se investiguen ni son llevados ante la justicia los responsables", añade Elgueta.

Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), aboga por la continuación de su labor ante la grave situación del país. "Parece que la tarea es ingente, que estamos ante situaciones de instituciones gravemente disfuncionales y que dos años es insuficiente. El diplomático señala que depende de las partes del contrato que le dio el mandato en Guatemala, el cual expirará en septiembre, el que se prolongue el período pues "pese a que las dificultades son enormes, puede hacerse. Y advierte que organizaciones criminales han logrado infiltrarse en el gobierno, la política, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Según la ONU, en el país centroamericano se registran más de 6.000 asesinatos anuales y que los casos impunes ascienden al 98%, uno de los más altos del mundo.

El Presidente Colom pidió perdón a la víctimas

Este miércoles , Día Nacional de Dignificación de las Víctimas de la guerra civil, se cumplió el décimo aniversario de la entrega del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que recoge las atrocidades del conflicto. El informe, auspiciado por la ONU, atribuye un 93% de las masacres cometidas durante la guerra al Ejército de Guatemala, un 3% a la ex guerrilla izquierdista y 4% a actores que no pudieron ser identificados. En los actos en Ciudad de Guatemala, el presidente guatemalteco pedía perdón a las víctimas. "Como presidente de la República, como jefe del Estado y como comandante en jefe del Ejército les pido perdón, porque fue el sistema. Cómo llegó tan lejos, no sé, cómo llegamos tan lejos como sociedad, no lo sé, pero llegamos lejísimo".

"Si genocidio es la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, en Guatemala hubo genocidio, hubo etnocidio y hubo también la destrucción sistemática de líderes religiosos, políticos, sociales, universitarios, indígenas", dijo Colom. "Ojalá hoy, en este día de conmemoración de las víctimas iniciemos un esfuerzo de organización del país, para la unidad de Guatemala, para que el perdón sea producto de un verdadero amor y no solo de un compromiso", subrayó Colom.

Este mismo día, el Ejército entregó a la justicia sus archivos sobre planes contrainsurgentes entre 1978 y 1983, tal como lo demandaban entidades de derechos humanos, mientras miles de personas marcharon por las calles pidiendo justicia. Los documentos fueron entregados por el ministro de la Defensa, general Abraham Valenzuela. No hacía sino cumplir con bastante retraso por una orden judicial emitida hace más de cuatro años y retrasada por diferentes recursos de amparo contra los que falló en marzo pasado la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de Guatemala.

Según organizaciones de derechos humanos, en dichos archivos están las órdenes emitidas a las diferentes unidades militares por el alto mando del Ejército, para combatir a las guerrillas, que contemplaban también operaciones contra civiles.

Entre los militares señalados se encuentran los generales golpistas José Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Victores; así como Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García.
Estos mismos militares son procesados ante la Audiencia Nacional de España, que desde diciembre de 1999 conoce un caso de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, promovido por la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú.

La violencia impune continúa

El inicio del año fue muy violento en Guatemala según el Informe sobre la situación de los derechos humanos y actos de violencia durante el mes de enero de 2009, elaborado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). El mes de enero fue considerado más violento que todos los meses de 2008, evidenciando un comienzo de año con impunidad. El GAM cree que la violencia debe ser combatida estructuralmente y no por medio de declaraciones de autoridades o de "publicidad".

Según el informe, durante los 12 últimos meses de 2008 la violencia aumentó, produciendo una media de 275 muertes por mes. Las muertes violentas en enero de 2009 subieron a 358, de las cuales 315 fueron de hombres, 39 de mujeres y 4 de niños. Este número sobrepasó el de diciembre de 2008 que fue de 349 personas, lo que corresponde a un aumento del 2% en enero de 2009.

El informe resalta además que los índices de criminalidad aumentaron considerablemente comparando los meses de enero de 2008 y 2009, revelando un incremento del 22%: "La característica común en los casos de los meses comparados, es la impunidad, que a pesar de ser conocidos públicamente por informes como el presente o por noticias dadas a conocer por los medios de comunicación, no se realizan las acciones de denuncia, investigación o inicio de procesos legales en contra de responsables".

Las personas heridas por causas violentas también representan un número mayor, con un 13% más que el mes de diciembre de 2008, totalizando 148 personas, caracterizando el mes de enero de 2009 como el más violento en relación con personas heridas durante los 12 meses anteriores.
"La mala distribución de efectivos de la Policía Nacional Civil continúa siendo un problema para la seguridad ciudadana, además de que no hay suficiente personal para cubrir todo el país, reconocemos que hay agentes honestos, trabajadores y responsables, sin embargo, muchos son ineficientes, o se presume que están involucrados en actos de corrupción, lo cual ha constituido el declive de la confianza de los y las guatemaltecas en este servicio en particular", denuncia el informe del GAM.

En lo que concierne a la seguridad del país, el GAM propone que el Congreso Nacional apruebe urgentemente el paquete de leyes en materia de seguridad. Recomienda que la Policía Nacional Civil expulse a los agentes involucrados en actos de violencia o que falten al deber de defender a los ciudadanos, así como a aquellos ligados a procesos penales.

Sobre la justicia, la impunidad y la corrupción, el Grupo pide que la población guatemalteca se comprometa a denunciar cualquier acto de corrupción que tuviere conocimiento. Sugiere además que los funcionarios públicos que se encuentren involucrados en actos de corrupción o permitiendo que los casos queden en la impunidad, no solamente sean despedidos sino que también sean sometidos a persecución penal.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, ElInformador.com, EFE, AFP y Adital)

Colombia:Espionaje

URIBE Y SU GOBIERNO TRATAN DE QUEDAR AL MARGEN DEL ESCÁNDALO DE LAS ESCUCHAS ILEGALES DEL D.A.S. -QUE DEPENDE DE LA PRESIDENCIA- A POLÍTICOS, MAGISTRADOS Y PERIODISTAS

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de inteligencia colombiano que depende directamento del Presidente de la República, ha quedado una vez más tocado por la sospecha, tras revelarse que espiaba a políticos, periodistas y magistrados, incluso aliados del gobierno, lo que ha obligado al presidente, Alvaro Uribe, a desmentir que haya sido él quien ha dado una orden en ese sentido."Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas", dijo el lunes Uribe. El presidente culpó de las escuchas ilegales a un grupo de agentes del DAS que calificó de "banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio gobierno". Desde 2002, cuando se inició el gobierno de Uribe, el DAS ha sido blanco de múltiples acusaciones de nexos con grupos paramilitares y espionaje a la oposición.

En octubre, la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, debió dimitir tras conocerse una orden interna para hacer seguimientos al senador Petro y otros dirigentes del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
El primer director del organismo bajo la presidencia de Uribe, Jorge Noguera, también debió renunciar y es investigado por nexos con los paramilitares .Según una de esas denuncias, el DAS entregó a los escuadrones que operan en la costa Caribe los nombres de sindicalistas que debían ser asesinados por supuesta relación con la guerrilla.

En esta ocasión, el caso fue descubierto y revelado por la revista Semana y ya ha provocado la renuncia del subdirector de contrainteligencia del DAS, ,Jorge Alberto Lagos quien inmediatamente habría concentrado las grabaciones y documentos interceptados para destruirlos y así eliminar las pruebas.

Las escuchas, cuyas pruebas comenzaron a ser destruidas en enero según la revista, se hacían a congresistas, periodistas y magistrados considerados opositores, pero también a funcionarios cercanos al mandatario, como su jefe de seguridad y el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno.
La denuncia señaló además que funcionarios del DAS vendían servicios de espionaje a paramilitares, la mafia del narcotráfico e incluso a la guerrilla.

Entre los espiados se encuentran el senador de izquierda, Gustavo Petro, y la liberal, Piedad Córdoba. El diario El Espectador añadió este lunes nuevos nombres a la lista, incluyendo al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos -quien no ha descartado competir por la presidencia en 2010-, y el director de la Policía, general Oscar Naranjo.

La Corte Suprema de Justicia, varios de cuyos magistrados se encuentran entre los afectados, califica el escandalo de " atentado contra la democracia y la libertad de opinión", y pide al fiscal general que las investigaciones den resultados rápidos.

¿Quién controla la red?

El exministro de Defensa y actual precandidato presidencial Rafael Pardo, , dice que "Hay que saber quién es el Montesinos colombiano o los Montesinos colombianos". Este dirigente del opositor Partido Liberal cree que el DAS se convirtió en una entidad "al servicio del régimen", es decir, del 'uribismo'.

Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, directamente afectados ya que varios magistrados de ese tribunal fueron interceptados ilegalmente, apuntan en cierta dirección al recordar que uno de los jueces espiados, el que coordina el grupo que investiga las relaciones entre la clase política y los paramilitares, le escucharon por lo menos 1.900 llamadas telefónicas.

Y un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, en declaraciones a la revista Semana, indica que los informantes de la Presidencia de la República, tenían como objetivo controlar al congresista opositor Gustavo Petro y la senadora Piedad Córdoba.

Sólo hay que recordar los casos anteriores en los que el DAS se vio envuelto, dentro del actual régimen 'uribista'

En 2005, fue detenido Rafael García, primer director de informática del DAS durante el actual gobierno. García fue condenado a 11 años de prisión tras aceptar que trabajaba para las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que borraba antecedentes criminales en la entidad y que entregaba información para ser usada por grupos al margen de la ley.

A raíz de las confesiones de García, el primer director del DAS nombrado por Uribe, Jorge Noguera, fue sancionado disciplinariamente e inhabilitado por la Procuraduría General y ahora está en la cárcel. La Fiscalía investiga a Noguera por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Se cree que los paramilitares asesinaron a varios dirigentes sindicales y militantes de izquierda por la información que le dio el DAS.

En medio de ese escándalo, en octubre de 2008, el senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo, y uno de los más enconados opositores del gobierno, mostró memorandos del DAS que ordenaban hacerle seguimientos e investigarlo. La entonces directora de la entidad, María del Pilar Hurtado, tuvo que renunciar al cargo.

La Investigación de "Semana":

El DAS está fuera de control. Graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros.

Entre el 19 y el 21 de enero pasados gran parte de los 'secretos' de muchos personajes de Colombia fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS. "Recibimos la orden de recoger todo lo que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes externas y llevarlo a la oficina de Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. Sólo yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con esas cosas", le dijo a SEMANA, uno de los detectives del DAS que participó en la particular recolección. "De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", afirma.

La sospechosa misión de recuperar y destruir información se adelantó por parte de un reducido grupo de funcionarios y, aunque se trató de hacerlo de la manera más discreta, fue inevitable que unos pocos integrantes del DAS se percataran de los inusuales movimientos durante esos días. ¿Pero qué era lo que estaban destruyendo con tanto afán? Gran parte de los archivos que hoy ya no existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre una gran variedad de personajes que estaban en la mira del DAS.

Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad. Fueron dos las razones básicas que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para recoger grabaciones y documentos comprometedores, el gobierno anunció la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo director implica, entre otras cosas, la posibilidad de que este lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la probabilidad que "la nueva administración" descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos. La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo para que sus actividades non sanctas salieran a la luz pública. Desde hace más de seis meses SEMANA comenzó una investigación sobre una serie de irregularidades en el DAS. A lo largo de ese tiempo se recolectaron documentos, audios e informes confidenciales y secretos que dejan en evidencia graves anomalías. Más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos, también hacen parte del material en poder de esta revista. Muchos pensaron que el DAS difícilmente podría afrontar una situación peor que la vivida en octubre de 2005, cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que terminó con la salida, y posterior encarcelamiento, del director de ese entonces, Jorge Noguera.

En ese momento, se prometieron profundas reformas a la institución para que no volviera a ocurrir. Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información recopilada por SEMANA deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional.

Todos son enemigos

"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla", dijo a SEMANA un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia de esa entidad. "Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros", afirmó el funcionario.

Este hecho fue corroborado a SEMANA por otros cuatro integrantes del DAS, adscritos a las direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa. Aparte de los testimonios, SEMANA obtuvo algunos de los análisis elaborados por integrantes del DAS en los que quedan en evidencia seguimientos, interceptaciones y controles contra integrantes de la Corte. (PARA SEGUIR LEYENDO-PULSAR AQUÍ)

(Fuentes: AFP, Agencia PÚLSAR, EFE, Madrid Digital, BBC-Mundo, Prensa Latina, TeleSur y Semana)

México:Militares y DD.HH.

LAS PROTESTAS CONTRA LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL EJÉRCITO, INSTRUMENTALIZADAS O NO POR EL NARCOTRÁFICO, ESTÁN BASADAS EN HECHOS CIERTOS Y EN DENUNCIAS COMPROBADAS

Las protestas para exigir la retirada de las calles del Ejército federal, que participa en el combate al narcotráfico, se han multiplicado esta semana en México y llegaron a perturbar el paso hasta los puentes fronterizos con Estados Unidos. El gobierno del Presidente Calderón lanzó la especie de que las protestas estaban organizadas al servicio del narcotráfico. Pero las denuncias contra el accionar de los militares en su despliegue para luchar contra el narco, se acumulan con datos concretos: cerca de tres mil durante los últimos ocho años, con 6.874 violaciones documentadas por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). Además, según un informe recien emitido por la ONU, la corrupción, pese al despliegue del ejército, sigue siendo el principal obstáculo a la lucha contra el narcotráfico.

Cientos de personas participaron en las protestas en el estado de Tamaulipas, donde fueron bloqueados cruces con Estados Unidos en las ciudades de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, al igual que en la fronteriza Ciudad Juárez, perteneciente al estado de Chihuahua. Las llamadas manifestaciones de "tapados", debido a que la mayoría de sus participantes cubren sus rostros, se repitieron por sexto día consecutivo en Monterrey, capital de Nuevo León, y surgieron en varios puntos del estado de Veracruz, frente al Golfo de México.

Las autoridades mexicanas dicen que organizaciones de delincuentes están detrás de los bloqueos de carreteras y cruces internacionales en Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey y Ciudad Juárez, en el norte del país, así como en otras localidades de Veracruz, en el sureste del país. "Sería difícil que ciudadanos comunes y corrientes de varias ciudades se pusieran de acuerdo y coincidieran en manifestarse contra el Ejército", dice José Reyes, alcalde de Ciudad Juárez. En la misma línea, el secretario (ministro) de Gobernación, Fernando Gómez Montt, las califica como un síntoma del "grado de desesperación" de los grupos criminales ante la estrategia del gobierno de combatir los carteles de la droga con más de 40.000 militares. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro considera que detrás de las manifestaciones hay una "inconformidad" real de la ciudadanía. En los últimos dos años esta organización documentó 50 casos de violaciones contra civiles cometidas por soldados durante operativos dirigidos a frenar el crimen organizado. Estos casos se suman a las 637 denuncias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró entre 2006 y 2008. El miércoles el CNDH pidió a las autoridades mexicanas actuar "con gran cuidado y discernimiento" frente a las jornadas de protestas.

En los últimos dos años la CNDH ha emitido 20 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por denuncias de violaciones a los derechos humanos ejercidas por parte del Ejército. Entre ellas se encuentran detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos y homicidios.

La presencia de la policía y el Ejército en las calles de ciudades mexicanas se ha hecho común. De hecho, gran parte de las denuncias por maltrato han sido realizadas precisamente en las ciudades donde se concentraron las manifestaciones ocurridas esta semana. En este sentido, el alcalde de Ciudad Juárez estima que han recibido al menos cien quejas.

El alcalde Reynosa, Oscar Luebbert,dice que se tuvo que instalar una mesa de diálogo para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

La Procuraduría General de la República (Fiscalía) ha planteado que existe una estrategia del Cartel del Golfo para utilizar el malestar social como mecanismo de presión contra el gobierno. "Los carteles aprovechan todo el ruido acerca del Ejército por violaciones a los derechos humanos para usarlo como argumento propio", dice Raúl Benítez Manaut, de la Universidad Autónoma de México, UNAM.
Según Benítez los carteles estarían usando las protestas para negociar con el gobierno la retirad de los militares de las calles. "Le están mandando una señal al Ejército y al gobierno. Hipotéticamente podrían estar diciendo: se salen los militares, no hay violencia y se calma la cosa".

Calderón pide apoyo para al Ejército y criminaliza las protestas

El presidente de México, Felipe Calderón, pidió a los ciudadanos no confundirse de bando en la lucha contra el narcotráfico, dos días después de las manifestaciones registradas en varias ciudades contra la presencia del Ejército en las calles, que supuestamente fueron impulsadas por el narcotráfico.
En la celebración del día del Ejército mexicano, y en medio de un gran operativo de seguridad, Calderón visitó la norteña ciudad de Monterrey, uno de los centros de las protestas que comenzaron el martes. Aquí cientos de encapuchados bloquearon las avenidas más importantes para rechazar la presencia de las tropas.

"Fieles a su condición de cobardes han utilizado incluso mujeres y niños para sus mezquinos propósitos", denunciaba el jefe de Estado en un acto vigilado por helicópteros artillados y francotiradores celebrado en la explanada del XXII Batallón de Infantería.
Calderón indicó que los militares dejarán de liderar el combate al crimen organizado en México, que en los últimos dos años se cobró la vida de 78 soldados, "cuando se haya recuperado el Estado de Derecho en las zonas alcanzadas o vulneradas por la delincuencia".
En Monterrey , previamente a esta ceremonia, fueron detenidas el martes 50 personas por participar en las protestas. Una de ellas fue presentada como el conductor de un autobús de manifestantes, quien según las autoridades confesó que los organizadores de las protestas ofrecían dinero y teléfonos móviles a personas de barrios pobres. Además, el Ejército presentó a un presunto miembro de Los Zetas, grupo de pistoleros del cártel del Golfo, quien en lugar de andar matando por ahí, según los militares se dedicó a "reclutar con dinero y regalos como útiles escolares a decenas de ciudadanos, incluidos mujeres y niños".

Sin embargo, las manifestaciones contra el Ejército se celebraro también en ciudades como Veracruz, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Juárez, en algunos casos con el cierre de puentes fronterizos con Estados Unidos y carreteras.

Miles de denuncias contra los militares

Como ya publicó Pepitorias, en enero (VER AQUÍ) los militares de México acumularon 2.966 denuncias por 6.874 violaciones a las garantías individuales cometidas entre 2000 y 2008, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH presentado hoy ante la Comisión Permanente del Congreso y ante el ombudsman mexicano, José Luis Soberanes Fernández.

Según el informe en 2008, los militares ocuparon el primer lugar en número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 14. Soberanes detalla que en un largo historial de hechos delictivos, cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años, se registraron 971 denuncias por cacheos y registros domiciliarias ilegales. Además, en el mismo lapso hubo 802 denuncias de la población por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal y 218 por amenazas.

También hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.

La organización Human Rights Watch (HRW), en su informe sobre 2008, también da cuenta de la impunidad de los abusos militares. “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública”, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro. En abril, añade, soldados en Chihuahua detuvieron en forma arbitraria a cuatro mujeres policías, vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.

En otra parte del documento HRW señala que la impunidad en esos abusos se debe a que son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, señala, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones.

El informe señala también que el sistema de justicia penal de México "continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos" y destaca que las personas que se encuentran detenidas o en prisión "son sometidas a torturas y tratos degradantes" en ese país. "Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos".
HRW asevera que "la tortura continúa siendo un problema generalizado" y que más de 40 por ciento de los acusados en el país “no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen, en lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años”.

ONU: La corrupción, principal freno a lucha antinarco

La corrupción es el principal obstáculo para combatir el tráfico de drogas en México, según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas.

El documento, publicado este jueves, señala que a pesar de los operativos del gobierno federal y el uso del ejército, los grupos delictivos organizados continúan ejerciendo gran poder en partes del país.

El documento de la ONU áñade que el abuso de drogas sigue siendo alto en México. “A pesar de las medidas concretas adoptadas por el Gobierno, el abuso de drogas sigue siendo alto en México, especialmente entre los niños en edad escolar y los jóvenes. El cultivo ilícito de adormidera y de planta de cannabis sigue siendo considerable y el narcotráfico sigue planteando graves problemas”, indica el documento. Tras reconocer los esfuerzos del Gobierno, la JIFE expresa su confianza en que México “siga adoptando medidas contra los cultivos ilícitos para la producción y el tráfico de drogas, la desviación de sustancias fiscalizadas y el consumo indebido de drogas en el país”.

Por otra parte, el organismo con sede en Viena elogia a México por haber fortalecido las reglamentaciones para prevenir la desviación de precursores como la efedrina y la seudoefedrina, pero deplora un control poco estricto en su frontera meridional para adquirir fármacos con estas sustancias que permiten establecer laboratorios ilegales de metanfetamina en la región centroamericana. La JIFE recuerda que esta zona y el Caribe siguen constituyendo una de las principales rutas de tráfico de drogas ilícitas de América del Sur con destino a América del Norte y Europa, pese a los esfuerzos de las autoridades de aquellas zonas.

(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, EFE, Infodemex, La Jornada-México y Notisistema)

Uruguay:Ley de Caducidad

EL GOBIERNO DE TABARÉ VÁZQUEZ ABRE EL CAMINO AL PROCESAMIENTO DE TODOS LOS MILITARES IMPLICADOS EN LA GUERRA SUCIA Y AL FIN DE LA LEY QUE PERMITE LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS


El gobierno uruguayo abrió este martes la vía a la poersecución de los militares implicados en la Guerra Sucia, al declarar inconstitucionales varios artículos de la ley que en 1986 amnistió a violadores de los derechos humanos durante la última dictadura en el Uruguay (1972-1985). El ejecutivo de Tabaré Vázquez respondió así en el marco de una acción promovida por la muerte a manos de militares de una militante comunista en 1974.

La Suprema Corte de Justicia había solicitado al Ejecutivo su opinión sobre la ley sancionada en 1986, bajo el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) y ratificada en un plebiscito en 1989, en el marco de una acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze porel asesinato de Nibia Sabalsagaray en 1974, en una unidad militar. Hasta ahora la Justicia sólo ha interrogado a civiles en torno al asesinato de la militante Blanca Sabalsagaray.

El Ejecutivo "acepta el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia, con respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 22/12/86, en los autos caratulados: 'Sabalsagaray Curuchet, Blanca Estela'", señaló la resolución. El pronunciamiento será ahora elevado a la Corte de Justicia, que dará su veredicto, tras el cual "se habilitará la investigación". Según la fiscal Guianze, "el fallo del Poder Ejecutivo sienta un precedente, lo que hace que a raíz del mismo puedan presentarse excepciones de inconstitucionalidad a otros casos".

El gobierno de Tabaré Vázquez, el primero de izquierda en la historia del país, excluyó varios casos de desaparecidos del amparo de esta controvertida norma, permitiendo investigar lo sucedido. En ese marco, hay nueve ex militares y policías procesados con prisión, así como los ex dictadores Gregorio Alvarez (1981-1985) y Juan María Bordaberry (1973-1976), y su ex canciller Juan Carlos Blanco. También se habilitó la búsqueda de restos de opositores al régimen que se encuentran desaparecidos. Mientras, sectores políticos de izquierda y sindicatos de trabajadores están recolectando firmas para que se someta a referéndum la anulación de esa amnistía junto con las próximas elecciones nacionales en Uruguay, previstas para octubre de este año.

La Ley de Caducidad no es constitucional

La norma "viola flagrantemente el artículo 8 de la Constitución que expresa que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y compartimos todos los argumentos para calificarla de inconstitucional", subraya el vicepresidente uruguayo Rodolfo Nin Novoa.
Nin Novoa sostieneo que la Ley de Caducidad "tiene la particularidad de colocar al Poder Ejecutivo como dueño de la llave que habilita a que los delitos cometidos por militares y policías durante el régimen de facto sean juzgados, en la medida que entienda si están comprendidos o no" en la amnistía. Y advierte que la polémica ley "tiene otras connotaciones", como ser "una de las pocas leyes en el ordenamiento jurídico uruguayo que está ratificada por un plebiscito constitucional".

De su lado, el presidente Tabaré Vázquez, quien ha reiterado durante su mandato la decisión de mantener vigente la norma, aseveró el lunes en sesión de Consejo de Ministros, que "para este Poder Ejecutivo la Ley de Caducidad es inconstitucional".

Continuará la campaña contra la Ley

La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad anuncia que proseguirá recolectando firmas contra esa normativa aun cuando el Poder Ejecutivo apunte a declararla anticonstitucional.
Integrado por varias organizaciones sindicales, sociales y de defensa de los derechos humanos, la Coordinadora tiene la meta recoger más de 250 mil firmas (el 10 por ciento del padrón electoral) para demandar un referendo sobre la ley junto con las elecciones nacionales de octubre. La habilitación de un referendo sobre la normativa requiere recaudar un número de firmas equivalente al 10 por ciento del padrón electoral (251 mil 847). Hasta ahora ha logrado màs de 200.000.
Uno de sus dirigentes, Carlos Coitiño del Partido por la Victoria apunta que en esta etapa los esfuerzos se concentrarán en Montevideo y Canelones, donde vive el 60 por ciento del electorado nacional, “sin descuidar la tarea en el resto del país”.

Por estar en curso la temporada veraniega, la Coordinadora también seguirá instalando mesas de recolección de firmas en la faja costera y otros sitios con alta afluencia de vacacionistas, así como en los escenarios vinculados a la celebración de los carnavales.
Otra iniciativa, puesta en práctica con éxito, consistirá en organizar un remate de obras de arte para recaudar fondos con que financiar la campaña.
"Todas las encuestas dicen que más de la mitad de los uruguayos está de acuerdo con anular la ley y no tenemos dudas de que llegaremos a las 300 mil firmas", apunta Coitiño. De certificarse esa suma, la consulta popular se realizaría junto con las elecciones generales del próximo 25 de octubre.
rmh/asg

Ex presos políticos exigen la Ley de Reparación para todas las víctimas

La Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay (CRYSOL) reclama al Gobierno la aprobación de una Ley de Reparación Integral que contemple a "todas las víctimas" de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El secretario de CRYSOL, Gastón Grisoni, dice que "la necesidad de que se apruebe una Ley de Reparación Integral que contemple a todas las víctimas del terrorismo de Estado como un paso imprescindible para avanzar en la justicia y en la transición democrática". Grisoni señala que el Gobierno comenzó hace tres meses la elaboración de un proyecto de ley sobre esta materia, que "aparentemente no contempla los grandes temas" que la normativa de Naciones Unidas establece respecto a la reparación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos.

CRYSOL destaca los principios de "restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos" que, según la ONU, debe observar una ley sobre la materia.

Según CRYSOL, el proyecto de ley sólo incluye a los ex presos políticos y "debería incluir e indemnizar a todos los universos de víctimas", entre las que Grisoni inclue a "los detenidos desaparecidos, los asesinados, los presos políticos, los exiliados y los clandestinos". Asimismo, los niños nacidos en cautiverio, aquellos a los que se cambió la identidad y los niños y adolescentes que son familiares directos (en su mayoría, hijos) de ex presos políticos deben reconocerse como víctimas y "ser indemnizados por el conjunto de daños.

Grisoni consideró que "el Estado tiene que hacerse cargo de las víctimas que sufrieron represión en Argentina por las acciones cometidas por Uruguay en el marco del Plan Cóndor, pues decenas de uruguayos fueron procesados y encarcelados".

El secretario de CRYSOL asegura que el proyecto de ley del Gobierno tampoco incluye "la disculpa oficial" del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura, como marca Naciones Unidas. Considera que el Estado además "tiene que asegurar una amplia cobertura médica a las víctimas del terrorismo de Estado y establecer los derechos jubilatorios de todos los sectores".
La Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay apoya la campaña de recolección de firmas en todo el país para someter a referéndum la anulación de la citada Ley de Caducidad.
"Es inconstitucional y viola los Derechos Humanos", asegura Grisoni.

Busca de desaparecidos en un cuartel

El juez del departamento uruguayo de Maldonado, Federico Alvarez Petraglia, y el jefe del equipo de antropólogos que busca restos de detenidos desaparecidos, José López Mazz, ingresaroneste martes a un cuartel de Laguna del Sauce, a 130 kilómetros de Montevideo, tras recibir denuncias de un ex soldado sobre enterramientos clandestinos durante la dictadura militar (1973-1985).

Álvarez Petraglia y López Mass realizaron una inspección ocular en el Batallón de Ingenieros de Combate número 4 y tras indicaciones del denunciante "se ubicó rápidamente el lugar", donde se presume fueron sepultados los cuerpos, dijo el magistrado . El juez informó que las características del predio coinciden con lo que declaró el testigo, a pesar del paso del tiempo, y agregó que "el lugar presenta muchas similitudes con la declaración".

El lugar, cercano a un viejo polvorín que se encuentra en la unidad militar, presenta varias irregularidades y mucha maleza. Alvarez Petraglia dispuso no innovar sobre el terreno, a la espera del inicio de excavaciones. Alvarez Patraglia recibió días atrás una denuncia de un presunto enterramiento clandestino de dos cadáveres, a fines de 1975, por parte de un empleado de la Intendencia (alcaldía) de Maldonado. El denunciante, hoy de 55 años, cumplía una guardia nocturna al momento del episodio, del que fue testigo, como soldado en la unidad militar.

Durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez se han realizado excavaciones en el Batallón 13 de Montevideo, en el 14 de la vecina localidad de Toledo y en una chacra de la ciudad de Pando, a 30 kilómetros de la capital. En esos trabajos, aparecieron el 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2005 los cuerpos del obrero metalúrgico Ubagesner Chávez Sosa y del profesor Fernando Miranda, asesinados por la dictadura en 1976 y 1974, respectivamente.

(Fuentes:ANSA-Latina , DPA, AFP, Prensa Latina y EFE)

México:Energía eólica

ECOLOGISTAS Y COMUNIDADES ACUSAN A UNIÓN FENOSA,ENDESA, IBERDROLA Y OTRAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE EXPULSAR A LOS POBLADORES CON ENGAÑOS Y DE CONSTRUIR PLANTAS EÓLICAS MUY CONTAMINANTES

La Ventosa en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca. Aquí , las empresas españolas Iberdrola, Endesa y la mixta Eurus (alianza entre la española Acciona y la mexicana Cemex) tienen parques para producir energía generada por el viento. Los habitantes de esa región han denunciado reiteradamente el despojo de sus tierras bajo presiones y engaños por parte las empresas que construyen el llamado corredor eólico.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos del Istmo denuncian que la implantación de grandes parques eólicos en su territorio no promueven el progreso y el respeto al medio ambiente como aseguran en su publicidad.

En el Istmo de Tehuantepec sobreviven los bosques y selvas tropicales húmedas más extensos y de mayor biodiversidad de México: Chimalapas, Uxpanapa, Mixe baja. En ellas se albergan entre el 30 y 40 por ciento de la biodiversidad del planeta. En estos parajes, se están construyendo campos eólicos que ocuparán 130.000 hectáreas del territorio, para instalar 5.000 aerogeneradores. Cada aerogenerador ocupa más de media hectárea de tierra y 150 toneladas de cemento y varilla que afectan a los mantos freáticos y las siembras.

Las organizaciones recuerdan que las multinacionales y los gobiernos de México, del estado de Oaxaca y del municipio de Juchitan prometieron que los campos eólicos traerían inversiones millonarias que favorecerían a los campesinos y que habría un proceso de negociación que favorecería a ambas partes, pero esto ha sido falso. En un comunicado aseguran : "Los comuneros han sido engañados y presionados para alquilar sus tierras en contratos que duran de 40 a 60 años, no se les informó de cómo quedarían afectadas sus parcelas, ni tampoco de las restricciones que pondrían las multinacionales para que los campesinos accedieran a sus tierras. No se les ha entregado, a muchos de ellos, copias del contrato, y el alquiler que pagan las compañías a los ejidatarios es de 150 pesos al año, cuando las ganancias de las multinacionales van a ser millonarias". La puesta en marcha de estos proyectos tampoco ha repercutido en una mejora y abaratamiento del servicio eléctrico en la región.

Aunque han iniciado procesos judiciales contra esas empresas , las comunidades ven que es muy difícil derrotar por esa vía a enemigos tan poderosos. "Las multinacionales
españolas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico. Sus gobiernos les apoyan incondicionalmente a través de créditos, leyes que favorecen su internacionalización y una cobertura diplomática en caso de que puedan ver dañados sus intereses económicos".

Por esta razón los ejidatarios y comuneros instan al gobierno español a que evalúe el impacto que están teniendo estas empresas en territorio mexicano, que no les ofrezcan ningún tipo de apoyo económico, político y diplomático mientras su actividad se desarrolle en un contexto de denuncias por violación a derechos fundamentales y que velen por el cumplimiento de la legislación que en España deben cumplir esas empresas, pero que violan en países como México, con escasas garantías jurídicas. Piden también, que elaboren con urgencia nuevas proposiciones de Ley que tengan como objetivo poner límite a las vulneraciones de derechos fundamentales que las empresas españolas están cometiendo fuera de sus fronteras

Energía “limpia” europea para México

La población ve en el Proyecto del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec como una nueva conquista española que significa la entrega de sus recursos y su soberanía a las empresas multinacionales.

Lo único que les queda a las comunidades locales es el despojo y la privatización de su territorio por parte de empresas extranjeras. Ya históricamente, la población indígena y campesina del Istmo ha sido altamente discriminada y marginada por el modelo socioeconómico vigente, en beneficio de los sectores dominantes y las transnacionales, con el beneplácito y entreguismo de las autoridades mexicanas. Estas llegan con la promesa de inversiones millonarias, empleo y progreso.

Fuentes de energía como la eólica se presentan como renovables y por eso limpias y aceptables. Pero para la construcción de estos parques eólicos, se necesitarán 130 mil hectáreas del territorio para instalar 5000 aerogeneradores. Cada aerogenerador ocupa casi media hectárea y se rellena con 120 toneladas de cemento y varilla, afectando los mantos freáticos y las siembras, con losl consiguientes procesos de desertificación , anegación, etc.

Los contratos de renta por la tierra que se les hizo firmar a los pequeños propietarios fueron leoninos: van de 40 a 60 años y los pagos son de 100 a 150 pesos anuales. Copias de los contratos firmados no les fueron entregadas. Procedimientos legales ante los juzgados civiles ya han sido iniciados, pidiendo la nulidad de dichos contratos.

Las empresas que negociaron estos contratos son las españolas Unión FENOSA, Gamesa, Endesa, Acciona, Eoliatec, Preneal, Iberdrola; la alemana Siemens, las estadounidenses General Electric y Enron; así como Energía de Francia. Estas empresas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico, el apoyo de sus gobiernos y una cobertura diplomática en caso de que se vean dañados sus intereses económicos. El marco para ello lo proporcionan tratados como el de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLC UE-México) que favorece los intereses comerciales europeos en México.

Contrastando con los millones de dólares que las empresas van a obtener del territorio del Istmo, los empleos que prometen son escasos y miserables. Por el contrario, el proyecto sólo beneficiará a los empresarios, con la importación de la tecnología sin pagar impuestos, la venta de la energía generada a Centroamérica y los Estados Unidos , como parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC.

Cabe destacar que la población local sigue pagando altos precios por la energía que consume y que viene de otros lugares.

Greenpeace-España se une a las denuncias

Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace-España, afirma que es necesario que en México se establezca un marco normativo para impulsar la generación de energías renovables y garantizar a la vez justicia social a las comunidades donde se desarrollan estos proyectos.

En una entrevista en el diario mexicano La Jornada, el representante de la organización ambientalista advierte que las empresas españolas como Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, Gamesa y Repsol practican una doble moral porque por un lado se manifiestan como líderes en el desarrollo de energías limpias, pero por otro lado mantienen centrales muy contaminantes.

Para el caso de México, López Uralde indica que debe haber una responsabilidad por parte de las autoridades energéticas que elaboran la normatividad para que establezcan parámetros justos de remuneración para los lugares donde se ubican esas instalaciones .

Recuerda que en el caso español, los pobladores de los lugares en los que se han establecido los parques eólicos se han visto muy beneficiados porque las empresas eléctricas les pagan precios justos que incluso permiten a los pobladores tener vacaciones pagadas por el alquiler de sus tierras. “Este modelo se debería aplicar aquí ”, dice.

“Una de las ventajas de las energías renovables debe ser necesariamente que quede un beneficio para la población local”. De hecho, dice que en España ese modelo ha funcionado y es lo que ha permitido el desarrollo de la energía eólica. “Evidentemente no se puede ni se debe producir este desarrollo a las espaldas de las comunidades y eso por un lado los que hacen la norma deben establecer esas garantías y no permitir abusos. Debe haber un establecimiento claro de las reglas del juego porque indudablemente estas energías van a desarrollarse cada vez más”.

El director ejecutivo de Greenpeace en España asegura: “Nosotros creemos que el tema de la energía es el gran tema del siglo XXI por razones como el cambio climático que nos obliga a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles”.

En su informe (R)evolución Energética. Una perspectiva de energía sustentable para México, elaborado por el Consejo Europeo para las Energías Renovables (EREC) y Greenpeace, se destaca que el desarrollo de energías renovables debe llevarse a cabo cuidando los aspectos ambientales y las premisas sociales. Por ello debe acompañarse de otros programas gubernamentales de ordenamiento ecológico integral, el fortalecimiento de las capacidades locales y de resolución de conflictos.

“Asimismo, los contratos entre compañías y comunidades donde de construyan plantas generadoras de electricidad con energías renovables deben ser transparentes, contar con una perspectiva de respeto y fortalecer las estructuras comunitarias”.
Juan López Uralde, advierte que los conflictos entre comunidades y compañías eléctricas pueden retrasar la implementación y desarrollo tan necesario de las energías renovables en México.

(Fuentes: La Jornada-México, Salva la Selva, Centro de Derechos Humanos Tepeyac y Paz con Dignidad)